“Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha” canta Serrat. No sé por qué asocio La Fiesta a la LX Legislatura.

Duramente habló el neopopulista Partido Acción Nacional contra los medios electrónicos que “sólo argumentan por dinero”. (Los políticos tienen una ambivalente relación con el patrimonio ajeno: o se lo quieren apropiar, o lo desprecian, como mancha de infamia.) Como si sólo por codicia se criticara una reforma con muchísimo de perjudicial, y cuya negociación tiene otro tanto de vergonzosa.

Cinco costosísimos minutos de gloria ganó el ego del Partido Acción Nacional al recibir en tribuna los elogios de sus adversarios históricos; sólo faltó que lo ensalzara el peje. Cómo no, si había doblado la cerviz para reformar la Constitución a cambio de unas migas fiscales descafeinadas, insuficientes, y encaminadas a todo tipo de amparos, y que meterán al contribuyente a ¡todavía más! trámites y complicaciones.

Fuerte habló por la reforma electoral el neoperredista Partido Acción Nacional cuando (a propósito del atraco retroactivo contra la inamovilidad de los IFEconsejeros) adujo la supremacía de la Constitución.

Pero, ¿será de veras suprema la Constitución?

Para nada. ¡Ni que México fuese un estado de derecho! Acá esa norma absoluta está sujeta en todo momento al criterio de los legisladores de ocasión. Tan absoluta es que la cambian si se les hinchan las ganas, según los vaivenes y conveniencias del momento. La única, verdaderamente la única soberanía nacional hoy es: la del Gran Dedo Legislador que “eleva” a rango constitucional normitas chaparras propias de un reglamento con camisas de fuerza sujetas a la interpretación de quién sabe quién.

Suponiendo sin conceder que fuera necesario legislar horarios de propaganda, o no “denigrar” a personas e instituciones, eso cabría —si acaso— en un reglamento secundario de una ley menor. Pero ¿en la mismísima Constitución? ¿Para qué?

Para meter al borrego completo. Crucificar a Ugalde so pretexto de prevenir los “gravísimos” agravios sufridos por un candidato perdedor al que irrita la libre opinión y la verdad; amordazar la incómoda libertad ajena; apropiarse del dinero obligando a otros a pagar, sin ahorrarnos lo que antes les costaba comprar anuncios a quien deberá servirles gratis. Y hacerlo desde la Constitución para ahorrarse latosos amparos y controversias.

La “Suprema” Corte nada puede si la Suprema Constitución dice una cosa el miércoles y otra distinta el jueves. Contra las tropelías elevadas a rango constitucional no cabe amparo ni hay defensa posible.

La negociación se enjuagó con propósitos politiqueros (de unos cuantos; es decir, del PRD; es decir, del peje): desquitarse de quien dictaminó la elección federal más limpia y mejor fiscalizada en la historia de este país. Para desquitarse debían descomponer esa Constitución que prohíbe toda retroactividad perjudicial y que garantizaba la inamovilidad autónoma de una institución ejemplar.

En un tiempo recientemente ido el Gran Legislador era el presidente. En un tiempo recientemente venido el Gran Legislador es el Congreso, que en todo período reconstruye el Absoluto. Reinventa la Norma Suprema. Redefine la Verdad Universal.

Bien podría imprimirse en hojitas desprendibles o en fascículos a periódica entrega a los suscriptores. Imprimirse con lápiz y editarse acompañando una gomita para usarla pronto, o igual inscribirla en granito: tirarán las lajas a la basura el próximo período legislativo. Y seguirá siendo absoluta, aunque lo absoluto dure el día y la víspera. Vivimos en estado constitucional de absoluto relativo, veleidosa solidez y variable permanencia.

Nuestros “Legítimos Representantes Populares” se transfiguran de tan importantes al elevarse en toda tribuna a declarar cosas trascendentes y proclamar la Verdad Universal de la cual son solemnísimos descubridores. Su Acendrado Patriotismo conmueve a la Patria con tan Preclaros Representantes que nos brindan una Gloriosa Verdad: ¡estamos salvados! Quien lo dude, repase el lenguaje verbal y corporal de, digamos, Pablo Egómez.

Con cuánta razón pueden así decretar que desaparece lo que sea, autónomo o no. Es decir, la primacía de la Constitución ejercitando la soberanía popular. Es decir, la soberanía de los representantes del pueblo. Es decir, la soberanía de diputados y senadores. Es decir, la soberanía de las cúpulas de los partidos. Es decir, la soberanía de unos pocos. Es decir, la preeminencia de la opinión sobre cualquier valor universal e inamovible.

Lo diría Alain Minc: viven en embriaguez democrática los capos de los partidos, el Congreso y las leyes que de aquéllos emanan. Obviamente, para felicidad del pueblo. ¡Estamos salvados! Claro.