Me queda claro que Eduardo Sojo, secretario de Economía, y Agustín Carstens, de Hacienda, son economistas competentes que saben, uno, que una de las tareas de los precios es la de racionar el mercado, es decir, solucionar cualquier problema de escasez o sobreproducción. Saben, también, que el alza de los precios no es el problema sino la solución al problema de la escasez. Saben, para terminar, que la condición para que los precios lleven a cabo correctamente esa tarea de racionamiento es que se muevan según los cambios en la relación entre oferta y demanda.

Insisto: me queda claro que Sojo y Carstens son economistas competentes y que saben lo que son los precios, cómo se determinan, cuáles son las tareas que desempeñan, y qué se requiere para que las cumplan correctamente. Lo que no me queda claro es el afán por hacer declaraciones políticamente correctas, sobre todo cuando, desde el punto de vista de la economía, son disparates.

Comienzo por Sojo, quien hace algunos días dijo que  “vamos a estar cuidando que no se incrementen los precios”, ya que “no hay ningún motivo (…) para que se incrementen (…) en el resto del año”, afirmación ante la cuál hay que preguntar, de entrada, lo siguiente: si los precios aumentan, ¿no hay ningún motivo para que lo hagan? ¿Puede haber efecto sin causa? Y todavía más importante, ¿quién es el gobierno para prohibirle a cualquier oferente que aumente el precio de la mercancía que ofrece? Esa prohibición, ¿no viola la libertad y la propiedad? Claro que sí. Para terminar, ¿está seguro Sojo de que, en lo que resta del año, no hay ningún motivo para que aumenten los precios? ¿En octubre, noviembre y diciembre la oferta de todas las mercancías, en todos los mercados, será siempre suficiente para satisfacer la demanda, única manera de que los precios no aumenten?

Sigo con Carstens, quien en su comparecencia ante los diputados dijo que “el Gobierno Federal no permitirá el alza injustificada de precios”, afirmación ante la cual lo primero que hay que preguntarle es qué criterio utilizará el gobierno para decidir cuándo el alza de un precio se justifica y cuándo no, sin olvidar lo ya dicho: cualquier alza de precio, ya sea que su causa sea un aumento en el costo de producción de la mercancía, ya sea la intención del oferente de ganar más, siempre tiene una causa que la justifica. Supongamos que el gobierno considera justificada un alza de precio producto del incremento en el costo de producción, y por lo tanto la permite, pero juzga injustificado un aumento consecuencia de la intención del oferente de ganar más, razón por la cuál la prohíbe. La pregunta vuelve a ser la misma: quién es el gobierno para prohibirle a cualquier oferente que aumente el precio de la mercancía que ofrece, sobre todo si considera que ese incremento le reportará una mayor utilidad, sin olvidar un pequeño detalle: el oferente lo único que puede hacer es aumentar el precio, y ver la reacción del consumidor, a quien no puede obligar a comprar su mercancía.

¿Por qué, siendo economistas competentes, Sojo y Carstens hacen declaraciones que, políticamente correctas, son, desde el punto de vista de la economía, disparates? ¿O será que sí están dispuestos, el uno, a no permitir el alza de ningún precio y, el otro, a no consentir al aumento injustificado de los mismos? Y si ambos están dispuestos a cumplir lo que dijeron, ¿quién se saldrá con la suya, Sojo o Carstens, siendo que el primero pretende evitar el alza de cualquier precio – así lo dijo: “vamos a estar cuidando que no se incrementen los precios” -,  mientras que el segundo solamente pretende evitar las alzas injustificadas – y así lo afirmó: el gobierno “no permitirá el alza injustificada de precios”-. ¿Hablan en serio?