En el artículo pasado señalé tres grandes problemas que aquejan a la economía mexicana, mismos que derivan en una muy mediocre tasa de crecimiento económico así como en una muy baja capacidad para la creación de empleos formales: una ineficiente definición de los derechos privados de propiedad junto con una deficiente protección de estos derechos por parte del poder judicial, una limitada libertad individual para elegir dada la presencia de altas barreras de entrada y salida de los mercados y la existencia de prácticas monopólicas y, por último, la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos derivada en gran medida por la existencia de una regulación excesiva e ineficiente. Estos no son, sin embargo, los únicos problemas que inhiben el crecimiento económico; hay muchos más que merecen su mención y la atención de las autoridades correspondientes. Algunos de ellos a continuación.

Primero, es el enorme desperdicio de recursos por parte del gobierno. La ausencia de definición de los derechos de propiedad de los recursos públicos, suyos y míos no del gobierno, pero que administra el gobierno lleva a que los encargados de la planificación, programación y ejercicio de estos no tengan como prioridad la maximización del bienestar social por peso gastado, lo que lleva que una parte significativa de los mismos se asigne y ejerza en proyectos y programas que no cubren el costo de oportunidad social de los fondos públicos, lo que deriva en una destrucción neta de riqueza en la economía. La solución: ningún proyecto de inversión pública y ningún proyecto de gasto “social” debe ser aprobado sin una evaluación de éstos, realizada por agentes independientes del gobierno, como son universidades y centros de investigación.

Segundo, la infraestructura básica del país, como son carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones, etcétera, no sólo es insuficiente sino que la que existe es de muy baja calidad, lo que de hecho incrementa los costos de transacción en la economía e inhibe, en consecuencia, el crecimiento económico.

Tercero, el sistema tributario mexicano, además de ser notoriamente ineficiente en su diseño y por lo mismo caro de administrar tanto para el gobierno como para los contribuyentes, distorsiona los incentivos para el trabajo, el ahorro y la inversión y, por lo mismo, el crecimiento económico.

Cuarto, los registros públicos de la propiedad son un absoluto desastre, obsoletos y plagados de corrupción, hecho que introduce incertidumbre en los derechos privados de propiedad y si a esto le agregamos las prácticas monopólicas de los notarios, el resultado es que la economía opera con altísimos costos de transacción y de entrada a los mercados, lo que inhibe una asignación eficiente de recursos, la inversión  y el crecimiento.

Finalmente quinto, por falta de espacio para más, tenemos un gobierno que, a pesar de la evidencia internacional, no entiende que la forma más eficiente de asignar recursos es a través del mercado y no mediante directrices gubernamentales como controles de precios, barreras al comercio internacional, subsidios estúpidos y más. Mientras sigamos teniendo un gobierno que se niegue a adoptar de fondo un sistema económico liberal, seguiremos sumidos en la mediocridad.