La semana pasada nos enteramos de que la iniciativa privada, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, firmó, con la Secretaría de Economía, la SE, un acuerdo a favor de la competitividad, por el cual se formará un grupo, integrado, entre otros, por miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con el fin de analizar programas de desregulación y proponérselos a la Presidencia de la República, con el objetivo de elevar la competitividad del país, iniciativa, grupo, análisis y propuesta ante los cuales no puedo dejar de preguntarme ¿ahora si?

Para no retroceder mucho en el tiempo, de la desregulación se viene hablando desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando, junto con las privatizaciones, y con el fin de desmantelar el modelo gubernamentalizador de Echeverría y López Portillo, se inició la desregulación de la actividad económica o, para que se entienda mejor, la desburocratización, con el fin de facilitarle la vida a los agentes económicos particulares, comenzando por los empresarios. Hoy, más de veinte años después, seguimos con lo mismo, y prueba de ello es lo ya dicho: la firma del acuerdo entre el CCE y la SE, con el fin de, por la vía de la desregulación o desburocratización, hacer de la mexicana una economía más competitiva, es decir, más capaz de atraer, retener y multiplicar inversiones.

Planes similares los hubo en los sexenios de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox y, por lo visto, el avance no fue suficiente: si lo hubiera sido no existiría la necesidad de, una vez más, insistir en el tema, tal y como lo está haciendo, en representación de la iniciativa privada, el CCE, mismo que, si realmente quiere elevar la competitividad de la economía mexicana, y si en verdad es congruente con ese objetivo, debe exigir, no solamente la desburocratización de la actividad económica de los particulares, es decir, que el gobierno les facilite las cosas, sino, además, la apertura total, de todos los sectores de actividad económica, y de todos los mercados, a la participación de todo aquel que, nacional o extranjero, quiera participar, con el fin de hacer realidad la mayor competencia posible, sobre todo por el lado de la oferta.

Para elevar la competitividad de la, y en la, economía mexicana, se requiere tanto de la desburocratización de las actividades económicas de los particulares como de la apertura de todos los sectores y mercados a la participación de todos, desburocratización que encuentra su enemigo natural en el burócrata, que vive de la burocratización de la vida del ciudadano, comenzando por los agentes económicos, apertura a la competencia que lo tiene en los empresarios, quienes, por lo general, lo que buscan y demandan es algún privilegio - protección, apoyo, subsidio -, que los mantenga al margen de la competencia. ¿Qué incentivo real existe para que el burócrata, con el fin de elevar la competitividad del país, desburocratice? ¿Y para que el empresario, con el objetivo de enfrentar la competencia y elevar su competitividad, demande la apertura total y definitiva de todos los sectores y mercados a todo aquel que quiera participar? ¿Por qué, más de veinte años después de haberse iniciado la desregulación de la actividad económica, seguimos con lo mismo? ¿No será porque, al final de cuentas, ni los burócratas están dispuestos a desburocratizar, ni los empresarios a demandar la apertura?

¿Ahora sí, con la firma del acuerdo entre el CCE y la SE, haremos de la mexicana una economía lo más competitiva posible? Insisto en la pregunta central: ¿qué incentivos existen para que los responsables de conseguirlo lo hagan?