El “no a la privatización del petróleo”, “no a la privatización de la electricidad” y el “no a la privatización de las universidades” son lemas que se  han  utilizado  como excusa para mantener monopolios, gastos sin comprobar y evitar una sana competencia que se traduciría en mejores servicios básicos a los ciudadanos.

Lo que queremos muchos mexicanos es que no se utilicen los recursos petroleros y eléctricos para promover candidaturas ni apoyar partidos políticos y que exista una sana competencia en esos sectores, que nos permitan escoger entre diversas opciones, como en todos los países desarrollados del mundo.

El “no a la privatización” se ha convertido en un espantajo que manipulan demagógicamente quienes bajo ese lema mantienen privilegios y no rinden cuentas de los recursos públicos que utilizan. Ni el gobierno del Presidente Fox ni el gobierno del Presidente Calderón han planteado la privatización de PEMEX, de las compañías eléctricas o de las universidades. Lo que han buscado los últimos cuatro presidentes, incluidos dos priístas, es hacer eficientes y competitivitos a los monopolios petroleros y eléctricos.

Para que esos sectores sean competitivos es necesario que coticen en las bolsas una participación minoritaria de sus acciones, que se puedan asociar, que se permita, como en el 99% de los países avanzados y en los otrora comunistas, que otras empresas también refinen petróleo y generen electricidad. Tratar de legalizar esos cambios no es privatizar, sino modernizar, impedir que sigamos importando cada día más refinados, que las reservas petroleras se sigan reduciendo y aumentando los subsidios a las empresas eléctricas.

Los grupos “conservadores” de los monopolios estatales, nacidos a la luz de obsoletas teorías marxistas que justificaban el capitalismo monopólico de estado, mas grupos sindicalistas que se han enriquecido a la sombra de los monopolios estatales, son quienes presionan para mantener un “status quo”, que mantiene una cadena de ineficiencias que nos hace cada día menos competitivos a nivel internacional, con el consecuente impacto negativo en el crecimiento económico y en la creación de empleos.