Más allá de sus connotaciones afectivas, utópicas e ideológicas, la democracia es, hoy en día, una forma empírica de organización sociopolítica, un tipo particular de régimen político que se asocia con un modelo específico de Estado. Asumiendo que el Estado puede definirse como un ente autónomo que "reivindica con éxito" el ejercicio de la autoridad legítima sobre una población y un territorio dados, ¿cuáles son, entonces, los rasgos distintivos que caracterizan a los estados democráticos contemporáneos?

Para que un proceso electoral pueda ser calificado de democrático, debe cumplir con, al menos, tres requisitos, relacionados con la participación y la representación en cuanto a unas elecciones --regulares, plurales y efectivas-- de los distintos sectores de la ciudadanía, así como con el apoyo y la legitimidad que éstos le otorgan a sus gobernantes y representantes. Por ello, el voto y los procesos electorales son elementos clave en la articulación de los conceptos de Democracia y Estado, ya que permiten observar y medir la intensidad de la participación política, sus efectos en términos de representación, así como evaluar, en su conjunto, la legitimidad de la que pueden disponer las autoridades electas para impulsar sus políticas.

En efecto, la conquista de elecciones libres a lo largo de los años 80 coincide, aquí, no solamente con violentos conflictos internos sino, también, con otras profundas y silenciosas revoluciones, de orden económico, social y demográfico. Dentro del contexto de la crisis de la deuda desencadenada en 1982, todos los gobiernos se vieron obligados a realizar reformas estructurales, a reducir drásticamente el gasto público, a privatizar, desregular y abrir sus economías. Lo malo es que se hizo mal pues las reformas se tradujeron en la fragmentación social, en el incremento masivo de las migraciones internacionales, así como en una dependencia externa creciente. A estos problemas se suma el recrudecimiento de la inseguridad y de violencias desarticuladas, ligadas ahora a la delincuencia y al narcotráfico.

Así, no sorprende el preocupante balance establecido por el informe del PNUD sobre el estado actual de la democracia guatemalteca. En éste, se habla de un "triángulo" compuesto por la democracia --que es la única que sí ha conocido avances sustanciales en sus aspectos electorales y formales--, la pobreza --que se ha mantenido en niveles muy elevados, particularmente en Guatemala-- y la desigualdad --que ha seguido incrementándose en los últimos años, y es hoy la más elevada de todo el mundo.

Lo cierto es que, en la última elección guatemalteca, el interior del país se movilizó como nunca antes. La lección es muy clara, no es posible ganar un proceso electoral en base a una simple estrategia de marketing político. Es necesaria la capacidad de movilización, la capacidad de pactar con los líderes de clanes, caciques y caudillos locales. Pero por sobre todo, quedó claro que hay dos Guatemalas, una urbana que no recuerda los excesos de las dictaduras militares, y otra rural, que no perdona el peso de la bota militar.  Una Guatemala rural que, nunca ha sido tomada en cuenta, y una Guatemala urbana que se moderniza sin reparar en el resto del país. El reto de la futura administración Colom es desarrollar políticas públicas que impidan esta fragmentación de país. El dilema para el nuevo gobierno es el siguiente: Mientras gobiernos anteriores le han apostado todo al libre-comercio y al mercado, ¿Se puede consolidar una democracia sin dotarla de instituciones públicas sólidas, que garanticen la seguridad física y permitan la integración social de las mayorías, su acceso a la salud, a la educación, a la justicia --o dicho de otra manera-- sin construir un auténtico Estado de derecho?  Ese es el reto de la administración Colom. Llevarla a cabo constituye, sin lugar a dudas, otorgarle una oportunidad a la utopía. La utopía de pensar que en Guatemala, todos los ciudadanos, sin reparar en el color de su piel raza o lengua son iguales, tan solo, por un momento en la historia del país.