Miami (AIPE)- Los próceres fundadores de Estados Unidos temían que políticos y grupos de interés coartaran la libertad de expresión, imponiendo licencias para ejercer el periodismo. En 1786, Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, manifestó: “Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no se puede limitar sin el riesgo de perderla”. Por eso, en 1791 se aprobó la Primera Enmienda constitucional, estableciendo que “el Congreso no promulgará ley alguna que coarte la libertad de expresión o de prensa".

Pero los próceres no se imaginaron la proliferación de licencias y permisos que exigirían los gobiernos estatales y locales para ejercer un creciente número trabajos. Tales licencias han aumentado de 80 en 1981 a 1100 hoy, lo cual coarta severamente la libertad de millones de personas a ganarse la vida honradamente, haciendo lo que les gusta y mejor hacen, si no cuentan con licencias emitidas por entes burocráticos.

Supuestamente, tales licencias tienen el único fin de proteger al público de malos servicios y de operadores incompetentes, pero la realidad es que crean monopolios y disparan los costos, reduciendo el bienestar general, mientras se beneficia un selecto grupo que ha conseguido o comprado el apoyo de políticos y burócratas. El verdadero filtro de la eficiencia es el libre mercado y la libre competencia. El pintor malo y el electricista incompetente logran seguir cobrando exageradamente por su mal trabajo cuando la demanda por sus servicios se mantiene excesivamente alta, dada la ausencia de competencia en el ramo protegido. Y esas altas remuneraciones también provocan accidentes innecesarios, como cuando gente sin experiencia realiza trabajos de electricidad en sus viviendas por no poder pagar a  electricistas “licenciados”.

Según el profesor David Young, las regulaciones ocupacionales limitan la libertad de escoger, aumentan los costos del consumidor, elevan los ingresos del profesional (aunque limitan su movilidad, ya que un abogado o médico de Florida no puede ejercer en California) y despojan a los pobres de servicios, sin ninguna mejoría en las actividades que requieren tales licencias. Young nos recuerda que hoy no podrían ejercer como arquitectos Mies van der Rohe ni Frank Lloyd Wright, por no haber realizado los estudios requeridos. El más conocido e influyente constructor y arquitecto de Florida, Addison Mizner, nunca estudió ingeniería ni arquitectura.

Los abusos con las licencias son cada día más frecuentes. En Luisiana intentaron que sólo los ciudadanos pudiesen ejercer la dentistería y en ese estado es más difícil obtener una licencia para vender flores que para ser abogado. Mientras tanto, los emisores de licencias se dedican a perseguir a quienes laboran sin permiso, pero no a los “licenciados” que dan servicios de mala calidad.

Con el colapso de la demanda por nuevas viviendas, los corredores de hipotecas y vendedores de casas tienen ahora muy poco trabajo, por lo cual un creciente número de ellos están dedicados a lograr que se dificulte la obtención de licencias para ejercer su oficio. Y durante los terribles incendios forestales en California el año pasado, el gobierno se apresuró no tanto a remover escombros sino a dictaminar que es un delito hacerlo sin una licencia estatal, lo mismo que reparar un techo.

Según la revista Forbes (25 de febrero, 2008), las ocupaciones que requieren licencias han reemplazado a los sindicatos en proteger a trabajadores de la competencia. Hace 50 años, 32% de los trabajadores estaban sindicalizados; hoy apenas 12%. Pero a medida que la economía evoluciona de la manufactura hacia los servicios, 28% de los trabajadores estadounidenses –unas 43 millones de personas- ejercen profesiones sujetas a licencias estatales. Eso significa un costo adicional de unos 100 mil millones de dólares al año y por ello vemos que la población ha crecido 22% desde 1990, pero el número de dentistas y peluqueros sigue siendo el mismo.

Los gobiernos latinoamericanos raramente se copian las buenas ideas de este país, pero sí todas las malas. En cuanto a “permisología”, en Venezuela se requieren 16 trámites diferentes, 141 días lidiando con burócratas y el pago del equivalente al 28% del ingreso promedio anual para lograr fundar una empresa, mientras que en Estados Unidos esas cifras son 6 procedimientos, 6 días y apenas 0,7% del ingreso promedio. El subdesarrollo no es un secreto.

___*  Director de la agencia AIPE.

© www.aipenet.com