La Cámara de Diputados está a punto de aprobar una ley que pisotearía los derechos humanos de los mexicanos a cambio de nada. El abuso se está presentando con el disfraz de que se trata de una “reforma judicial” que permitiría un mejor combate contra la delincuencia organizada. Pero las víctimas de esta nueva legislación no serían los delincuentes sino los mexicanos comunes y corrientes.

La nueva legislación permitiría que la policía pudiera entrar a nuestros domicilios sin una orden de un juez. Se ha dicho que esto sólo ocurriría cuando los agentes tuvieran sospechas de que la vida de una persona se encuentra en peligro. Pero los criterios para determinar las circunstancias son laxos y subjetivos. En términos prácticos, sería el policía el que decidiría si tiene o no el derecho de irrumpir violentamente en el hogar de un gobernado, aunque no tenga prueba de que en el interior se está cometiendo algún ilícito. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el riesgo de permitir que la policía pueda decidir por sí sola el ingreso a un hogar es enorme.

La nueva legislación daría también amplias facultades para el arraigo, que a pesar de que ha sido declarado inconstitucional se utiliza con frecuencia en nuestro país. Si bien nuestra Constitución dice que nadie podrá ser privado de la libertad sin una orden previa de un juez, para lo cual deberán presentarse pruebas en su contra en un lapso de 72 horas, el arraigo ha permitido que las policías detengan durante períodos muy largos a personas durante el tiempo en que se les está investigando. La práctica ya existe, pero la reforma la haría constitucional.

Igualmente inaceptable es la medida que permitiría confiscar las propiedades de presuntos responsables de actos de delincuencia organizada. Una vez más, la enmienda que se pretende permitiría castigar a una persona antes de que se demostrara su culpabilidad en un juicio. La confiscación de las propiedades de los acusados, efectivamente, se llevaría a cabo antes de que un tribunal determinara la inocencia o la culpabilidad de la persona. Esto es lo que ha estado haciendo el gobierno del Distrito Federal, que ha expropiado bienes de presuntos responsables de narcotráfico en lugares como Tepito e Iztapalapa sin molestarse con llevar a cabo primero un juicio. Pero la reforma, una vez más, le daría a la práctica rango constitucional.

Me imagino que la reforma judicial que se está discutiendo en la Cámara de Diputados tiene aspectos positivos. Pero sus aristas negativas son tan inquietantes que obligan a rechazar el conjunto. Las iniciativas que se están discutiendo no necesariamente elevarán la eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada, pero de lo que no hay duda es de que erosionarán de manera significativa el respeto a las garantías individuales de los mexicanos.

Lo que estarían haciendo nuestros legisladores en caso de aceptar esta reforma sería disminuir de manera notable los derechos de los gobernados, eliminando la presunción de inocencia. Le darían al Estado mexicano poderes similares a los que ha utilizado el gobierno de George Bush en su “guerra contra el terror” y que llevaron a abusos como los de Abú Ghraib y Guantánamo.