Finalmente este martes 26 de febrero se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma judicial que llevaba meses de discusión. En el último momento los diputados optaron por eliminar uno de los aspectos más controvertidos de la reforma, la posibilidad de que la policía pudiera entrar a domicilios particulares en casos de emergencia sin una orden de un juez.

La iniciativa tiene aspectos positivos. Establece derechos a las víctimas y crea ciertos procedimientos de oralidad que, bien aplicados, podrían permitir que la justicia se haga más expedita. Preocupan, sin embargo, algunos aspectos.

Los diputados reconocieron la principal preocupación de los analistas, ya que se abría la puerta a que la policía pudiera entrar sin orden judicial a un domicilio particular, y eliminaron esta parte de la ley. Sin embargo, el gobierno federal ha señalado que esto podría evitar que la policía pueda ingresar a domicilios en casos en que haya una persona secuestrada o que alguien esté siendo objeto de un homicidio, tortura o una violación.

Otros elementos controvertidos, empero, sí permanecieron en la ley aprobada por los diputados. Se ratificó, por ejemplo, la posibilidad de efectuar arraigos domiciliarios de hasta 40 días… renovables. La Suprema Corte de Justicia había previamente declarado inconstitucional la figura del arraigo; pero el nuevo paquete legislativo lo vuelve, precisamente, constitucional.

También controvertida es la figura de extinción de dominio. Con ésta se permitirá la confiscación de bienes de personas acusadas de participar en actos de delincuencia organizada o de quienes se presuma son sus cómplices o prestanombres. Lo paradójico del caso es que esta extinción de dominio podrá mantenerse, despojando a los acusados de sus bienes, aun en el caso en que se les halle inocentes en el proceso penal que se les siga.

La PGR y el gobierno del presidente Felipe Calderón consideran que esta iniciativa, que algunos comentaristas han denominado Ley Guantánamo por la reducción en garantías individuales que implica, es necesaria para enfrentar los retos de la delincuencia organizada. Apuntan, en efecto, al hecho de que leyes similares han sido aprobadas y aplicadas en Estados Unidos, Colombia y otros países. Pero lo anterior eso no tranquiliza a quienes consideran que el costo en términos de derechos humanos de la ley es demasiado grande.

Por lo pronto la minuta de la ley ha sido devuelta al Senado para que la apruebe con la modificación hecha por los diputados. Si la ratifican los senadores, pasará a los congresos estatales. Por lo menos 16 de estos deberán aprobarla para que pase al ejecutivo para su aprobación.

Después habrá que ver cómo la aplican las policías y los tribunales. Después de todo, para muchos juristas el problema en México no es producto de una falta de leyes sino su mala aplicación.