¿Cómo vamos en materia de crecimiento? Buena parte de la respuesta la encontramos en el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que se elabora con información de los siguientes sectores: agropecuario; industrial (minería, manufactura, construcción, generación de electricidad, gas y agua); comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios comunales, sociales y personales.

Haciendo un análisis mensual, es decir, comparando los resultados de un determinado mes con el del mes anterior, que es la manera correcta de tomarle el pulso a la economía, tenemos que la producción de bienes y servicios se comportó, a lo largo del segundo semestre del año pasado, de la siguiente manera: en julio, agosto, septiembre y octubre creció, respectivamente, 0.76, 0.37, 0.26 y 0.17 por ciento; en noviembre y diciembre decreció, correspondientemente, 0.20 y 0.08 por ciento. Mes tras mes, entre julio y octubre, el crecimiento de la producción fue menor, hasta que, en los últimos dos meses, fue negativo, cifras que nos responden la pregunta ¿cómo vamos en materia de crecimiento? Respuesta: mal.

En materia de crecimiento se han juntado el hambre con las ganas de comer, es decir, las deficiencias estructurales e  institucionales, que impiden un mayor crecimiento de la producción, con las presiones recesivas que, muy probablemente, nos están llegando desde los Estados Unidos, razón por la cual el gobierno presentó el Programa de Apoyo a la Economía, un decálogo que tiene, en términos generales, un triple objetivo: reducir costos a las empresas y a personas físicas con actividad empresarial (reducción de impuestos, descuentos en cuotas patronales, rebajas en tarifas eléctricas); promover el empleo (por medio del Sistema Nacional de Empleo, de la creación del Portal del Empleo Gratuito y del desarrollo de centros de producción en zonas marginadas); simplificarle la vida a las empresas (sobre todo en materia de comercio exterior: aranceles y aduanas), sin olvidar la rehabilitación del Sistema Nacional de Ductos de PEMEX (inversión gubernamental), ni la entrega de dinero fresco a la Banca de Desarrollo (destinado a la conformación de Fondos de Garantía).

Tal es el decálogo, ¿qué decir? En primer lugar, que el mismo no logrará compensar, con un mayor consumo interno, el menor consumo externo de productos mexicanos, consecuencia de la “recesión” estadounidense, ya que dará como resultado que el gobierno gaste menos (por ejemplo: por el cobro de menos impuestos), para que los particulares gasten más (por ejemplo: por el pago de menos impuestos), de tal manera que, a corto plazo, habrá una reasignación del gasto, pero no un aumento del mismo. En segundo término, que el mismo no corrige ninguna de las ineficiencias estructurales e institucionales que limitan el crecimiento de la producción en México, por la vía de más y mejores inversiones privadas, tanto de nacionales como de extranjeros.

En el primer punto del decálogo se propone reducir en 3 por ciento los pagos provisionales del ISR y el IETU, por considerar que ello contribuirá a un mayor crecimiento en la producción de bienes y servicios, reducción que será temporal, lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué, si se reconoce que la reducción de impuestos es favorable al crecimiento económico, la misma se platea, en el marco del Programa de Apoyo a la Economía, como temporal, al tiempo que, con la “reforma” fiscal del año pasado, se incrementó, sobre todo por obra y gracia del IETU, la tributación? Para apuntalar el crecimiento, ¿qué es lo correcto? ¿Más impuestos, y por lo tanto más gasto gubernamental, o menos impuestos, y por ello mayor gasto privado, comenzando por la inversión? Para comenzar a responder preguntemos lo siguiente: peso sobre peso, ¿quién gasta mejor, el gobierno o los particulares? ¿Quién invierte mejor?