En muchos países se ha introducido una enfermedad de fatales consecuencias y pocos lo advierten, me refiero al peculado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como “Delito que consiste en el hurto de caudales del erario, hecha por aquel a quien está confiada su administración”. Hay casos evidentes de peculado, como cuando el funcionario abre una o varias cuentas personales para colocar los dineros que recibe de la administración central. Con el tiempo y el barullo, hace como que se le olvida mencionar una cuenta y finalmente se queda con ella. Nadie sabe, nadie supo.

Pero el peculado avanza en sofisticación y tecnología. Así, tenemos casos en que el funcionario otorga el contrato a un pariente para que surta de sillas que valen cien pesos y las registra en quinientos, luego se dividen las ganancias y todos contentos y con las cuentas claras. Por supuesto que el peculado existe desde que el Estado existe pues pocos se resisten ante la tentación de tener el cofre del tesoro a la mano. Pero desde hace unas décadas el peculado ha tomado nuevo rostro. Ocurre que ahora se involucra a cuerpos legislativos para darle un tono de seriedad a fin de tomar recursos públicos y regalarlos a grupos, asociaciones, partidos, ancianos, etc. Es una especie de Robin Hood populista. En efecto, me refiero a los llamados “subsidios”.

Que el congreso se arrogue el derecho de transferir fondos del erario para regalarlos a gente que no aporta nada, se debe considerar peculado (o quizás haya otro término que desconozco por ahora). Se trata del uso inadecuado y legalizado de los fondos públicos, es decir, de aquellos fondos derivados de los recursos que provienen de los impuestos, de empréstitos, venta de recursos naturales y del señoreaje.

Pero veamos con calma. Si usted destina una parte de su sueldo para regalarle a su esposa un automóvil el día en que le descubre su infidelidad, está muy en su derecho pues usted está disfrutando del derecho de disponer de sus propiedades (su sueldo) como mejor le convenga y nadie tiene por qué reclamarle nada, no es subsidio.

Si el empresario Quiñónez usa una parte de las ganancias de su empresa para construir un gran templo en su pueblo, también está en su derecho y nadie debe reclamar nada, tampoco es subsidio. Si el comerciante Gómez le da la gana armar 100 despensas para regalarlas a los niños de la calle, tampoco está cometiendo un delito pues no es subsidio.

Pero si el burócrata López, que es funcionario en una oficina de gobierno, toma un peso del erario y lo regala al limosnero de la esquina, ese es un delito que debe considerarse como muy grave, es peculado. Si transferir un peso del erario a un limosnero no es un delito grave, entonces tampoco lo es transferir dos pesos, ni doscientos, ni dos millones. Quiere decir que se abre la posibilidad para vaciar las arcas de la nación por ser “tolerante” con una acción delictiva.

Más todavía: Si transferir un peso del erario a un limosnero no es un delito grave, entonces tampoco lo es transferirle un peso a todos los limosneros, y a todos los mayores de 50 años, y a todas las madres solteras, y todos los escritores, etc. Otra vez, por no tener claro el delito de peculado, se han vaciado las arcas de la nación.

El delito radica en que este funcionario está regalando lo que no es de él. Nadie debe tener el derecho de regalar las vacas del vecino, porque eso constituye delito. No hay delito si regalas cosas que son de tu propiedad.

Admitir el sistema de subsidios tiene graves consecuencias. Por ejemplo, para que el gobierno otorgue un peso de subsidio, se ve en la necesidad de extraer cuatro pesos de la población, a fin de distribuirlo de la siguiente manera. Un peso se usa para gastos de extracción, dos pesos para el aparato gubernamental que administra los subsidios y un peso se le da a quien se quería beneficiar.

Es decir, el principal beneficiario de los subsidios no es el pordiosero, ni el anciano, sino el funcionario gubernamental junto con todo su ejército de burócratas.

Si tomamos en cuenta que el erario se forma con los impuestos de los trabajadores, de los consumidores, de los campesinos, etc., podemos decir que hay una trampa: para “beneficiar” a unos pobres hay que empobrecer a muchos pobres. Además, los supuestos beneficiarios son usados como capital político de quien “regala ayuda”. El resultado final consiste de una masa empobrecida, beneficiarios subordinados a un líder y un aparato burocrático aumentado que cada vez requiere más fondos públicos.

Esto no quiere decir que se debe desatender a la población de pobres, a los ancianos, a los niños de la calle, a las madres solteras, etc., pero nunca deben atenderse a base de subsidios o de limosnas gubernamentales.

Hasta hoy día, nunca he encontrado una buena razón que verdaderamente justifique usar subsidios. Los fondos públicos deben ser cosa sagrada que únicamente se dediquen a las labores sustanciales que debe tener un estado liberal.

En conclusión, si queremos tener una economía sana, se deben eliminar todo tipo de subsidios, es decir, se debe evitar el peculado legalizado.