La debilidad del estado de derecho en México es notoria, siendo la consecuencia directa de ello el que la economía mexicana siga siendo subdesarrollada, con altos índices de pobreza, con una distribución notoriamente inequitativa de la riqueza y del ingreso y un desempeño medido en tasas de crecimiento económico que año tras año no pasa de ser mediocre. ¿Cuáles son las características del marco institucional mexicano que nos permite afirmar que el estado de derecho es débil?

Primero, los derechos privados de propiedad no están eficientemente definidos en el marco legal, empezando por la propia Constitución que en el artículo 27 trata a todos los recursos como propiedad de la Nación; consecuentemente, en lugar de que la propiedad privada sea reconocida como un derecho natural, ésta se deriva de esa propiedad originaria (sic) de la Nación. Dado que constitucionalmente la Nación es la que “tiene el derecho de transmitir” el dominio de estos recursos a los particulares, se puede entender que la Nación también tiene el derecho de quitarle esos recursos a los particulares, derecho que  está validado en este mismo artículo con la facultad que tiene el gobierno para expropiar la propiedad privada.

Segundo, el papel fundamental del Poder Judicial Federal es proteger y garantizar las libertades individuales así como garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y, de manera muy destacada, los que se realizan entre los particulares y el gobierno. Sin embargo, lo que observamos es que los agentes privados simplemente no cuentan con la garantía de protección judicial de sus derechos; no hay certeza de que el Poder Judicial efectivamente garantizará el cumplimiento de contratos.

Tercero, el marco legal no garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados, incluyendo los de bienes y servicios así como de los factores de la producción. Es decir, siguen imperando significativas prácticas monopólicas en la economía, tanto públicas como privadas.

Cuarto, es notoria la permisibilidad de los gobiernos federal, estatales y municipales para que una enorme diversidad de actividades económicas, productivas y comerciales, se realicen al margen de la ley en lo que eufemísticamente se denomina “economía informal” cuando su correcta acepción es, lisa y llanamente, ilegalidad. Si el gobierno mismo no se sujeta al imperio de la ley, en todo momento y circunstancia, simplemente no existe un estado de derecho.

Quinto, prevalece que grupos de delincuentes cometen impunemente actos violatorios de las leyes sólo porque se amparan en la figura de “luchadores sociales” y el gobierno les permita, impunemente, hasta constituir ejércitos tipo las “adelitas del Sr. López”, a quienes sólo les falta estar armadas.

Y con estos cinco elementos, ¿quién va a ser el valiente mexicano que esté dispuesto a invertir miles de millones de dólares en refinerías para maquilarle a PEMEX gasolina y petroquímicos primarios? ¿Qué garantía legal y judicial se tiene para darle certeza a estos potenciales inversionistas privados de que no se violarán sus derechos de propiedad? ¿Tiene futuro la propuesta de reforma energética que le da entrada al sector privado sin hacer una modificación de fondo a la Constitución, empezando por el artículo 27? Tres simples preguntas.