Finalmente el presidente sometió una iniciativa de reforma energética al Congreso de la Unión. Con anterioridad había dicho que dejaría esta tarea a los legisladores del PAN. Al parecer el presidente no quería incurrir en los costos políticos de presentar la propuesta cuando Andrés Manuel López Obrador amenazaba con paralizar al país en el momento mismo en que se sometiera la iniciativa. Pero alguien –aparentemente-- convenció al presidente de que mostrar miedo era un muy mal comienzo en el esfuerzo por impulsar una reforma crucial.

La iniciativa ya está ahí y puede ser objeto, por primera vez, de una discusión en detalle y no de simple especulación ideológica. Como lo había prometido, y ante la posición de los legisladores priistas, cuyos votos son indispensables para cualquier reforma, Calderón no está pidiendo que se hagan modificaciones a la Constitución, aun cuando muchas habrían sido quizá positivas para mejorar el desempeño de la industria petrolera nacional. Busca el presidente, sin embargo, darle mayor autonomía de gestión a la paraestatal frente al gobierno.

La iniciativa no contempla contratos de riesgo, ni siquiera en operaciones de aguas profundas, pero sí la posibilidad de que Pemex contrate los servicios de terceros a cambio de pagos en efectivo. Ésta no es necesariamente la opción que más le conviene a nuestro país. Los contratos de riesgo, introducidos por primera vez en el mundo por el presidente Lázaro Cárdenas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 1939, pueden ser una opción menos riesgosa y más favorable para los intereses de los mexicanos; pero obligarían a una modificación de la Constitución, cosa que el propio presidente Calderón sabe que por ahora es imposible. Los contratos en efectivo son ya una práctica común en Pemex, aunque la nueva legislación les daría un mejor sustento legal. Habrá que ver si estos contratos, por otra parte, son suficientes para atraer a especialistas en exploración y explotación de petróleo en aguas profundas.

Para las refinerías, la iniciativa de Calderón propone una apertura a la inversión privada, pero sin que el petróleo o sus derivados dejen de ser en algún momento propiedad del Estado mexicano. El asunto parece complejo. Las nuevas refinerías serían construidas y operadas por empresas privadas, las cuales “adquirirían” crudo en el mercado sin nunca comprarlo realmente y “entregarían” después gasolina sin nunca venderla. ¿Barroco? Por supuesto. Pero éste es el tipo de maromas al que nos obliga la legislación mexicana.

Hay mucho sin duda que discutir en las iniciativas de reforma presentadas por el presidente. Ésta es quizá la propuesta de reforma más significativa y controvertida que ha surgido del actual gobierno… y de los inmediatamente anteriores. Todos sabemos que la producción petrolera está declinando y que las reservas probadas se están agotando. Sin una buena reforma, estaremos importando petróleo en unos cuantos años.

Lo importante, sin embargo, es que el debate se realice de manera pacífica y democrática. Lo que no podemos aceptar es que un caudillo político, por poderoso que sea, amenace con paralizar la economía del país si no se hace lo que él dice en este tema.