Siempre inquieta que haya grupos en México que recurren a tácticas fascistas para imponer sus puntos de vista. Pero ya Andrés Manuel López Obrador y sus incondicionales nos han acostumbrado a este tipo de actitud.

Alivia el ver que sigue habiendo en nuestro país una izquierda que defiende igualmente sus ideas, pero que se mantiene dentro de un marco democrático. Muchos mexicanos, por ejemplo, estamos convencidos de que Ruth Zavaleta, la diputa del PRD, ha hecho un digno y valiente papel como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Qué importante es saber que existe una izquierda democrática en nuestro México.

Para la mayoría de los mexicanos, sin embargo, el sainete de López Obrador y sus adelitas no ha hecho más que subrayar la visión negativa que tantos tenemos sobre los partidos de izquierda (que son más bien conservadores) y sobre todo el Congreso. Es lamentable ver a nuestros legisladores clausurar las cámaras legislativas y encadenar los accesos para impedir el debate argumentando que lo que quieren es debatir. Todo el caso me hace recordar el momento en que Ronald Reagan, cuando era presidente de los Estados Unidos, promovió un aumento en el presupuesto militar de su país rebautizando a las bombas como "peace-keepers" o guardianes de la paz.

La verdad es que el sentido de las palabras ha sido una de las víctimas de los embates de los políticos en esta discusión. López Obrador utiliza la palabra "privatizar" para oponerse a la reforma energética, pero lo hace cambiando perversamente su sentido. Privatizar quiere decir vender un bien público a personas físicas o morales --privadas-- pero ése no es el significado que la voz tiene en el lenguaje de los conservadores que han tomado el control del PRD. Para ellos privatizar es permitir cualquier tipo de inversión privada en una empresa pública. Si se da permiso a Pemex para comprar, por ejemplo, el papel higiénico de una empresa privada en vez de fabricarlo ella misma, eso es privatizar la empresa.

El presidente Calderón ha sometido una iniciativa de reforma energética que es, a mi juicio, excesivamente liviana. Deberíamos abrir mucho más la industria petrolera a la inversión privada para beneficio de los mexicanos. Pemex no debería tener restricciones a las asociaciones con empresas especializadas privadas y públicas de todo el mundo, como no los tienen otras petroleras estatales, como la brasileña Petrobras o la noruega Statoil. No debería haber objeciones a colocar acciones de Pemex en bolsa, siempre y cuando se mantuviera la propiedad del petróleo crudo en manos del pueblo mexicano. Deberíamos darle a Pemex una mayor libertad de actuación y juzgarla por sus resultados y no por su apego a una serie de dogmas políticos y de restricciones burocráticas. ¿Le dio Pemex buenos rendimientos a sus accionistas, que son los ciudadanos mexicanos, o no lo hizo? Ese debería ser el criterio para juzgar su actuación.

Entiendo, sin embargo, que mis puntos de vista no son compartidos por muchos mexicanos, como yo no comparto los puntos de vista de los conservadores agrupados en torno a López Obrador que sostiene que Pemex no debe comprar ni siquiera el papel higiénico de proveedores privados. Pero para eso tenemos una democracia, que nos permite elegir a nuestros gobernantes y que ha dividido el Congreso en aproximadamente tres partes iguales, representadas por el PAN, el PRI y el llamado Frente Amplio Progresista.

El sistema, sin embargo, se desploma cuando el grupo realmente conservador, el FAP, abandona toda pretensión de democracia y busca imponer por la fuerza sus puntos de vista sobre las demás fracciones parlamentarias y sobre el país. Esa apuesta, en el largo plazo, sólo puede llevar a la violencia. Porque si voy a ser demócrata sólo cuando gano y no cuando pierdo, estoy dejando la política abierta a que el más fuerte imponga siempre sus puntos de vista.