México sigue siendo una economía notoriamente ineficiente, una en donde los costos de transacción son notoriamente elevados, una en donde no existe certeza jurídica de los derechos de propiedad, una en donde existen innumerables barreras de entrada a los mercados, sean estos de bienes o de factores de la producción, una en donde existen enormes restricciones a la libertad de elección, tanto para los productores como para los consumidores, una en donde se premia la búsqueda de rentas y se castiga la generación de riqueza. En consecuencia, con muy bajas ganancias en la productividad de los factores de la producción, la economía mexicana experimenta, año tras año, muy bajas tasas de crecimiento.

En esta situación, en donde ha quedado claro que con éstas muy bajas tasas de crecimiento económico no es posible lograr una significativa reducción de la pobreza, como tampoco es posible lograr que el salario real de los trabajadores tenga un aumento alto y sostenido que se traduzca en una mejora también permanente en el bienestar de las familias mexicanas, sorprende el muy poco interés de aquellos que están encargados del diseño del marco legal y regulatorio (el Poder Legislativo) y de aquellos encargados de ejecutar la política económica del Estado (el Poder Ejecutivo) para modificar el arreglo institucional vigente y eliminar todos aquellos elementos que están inhibiendo el crecimiento económico. No parece haber interés por parte de aquellos que diseñan y ejecutan la política económica en modificar los incentivos que enfrentan los agentes económicos del país para inducir una asignación más eficiente de los recursos productivos y lograr con ello una mayor tasa de crecimiento económico, lograr una mayor generación y acumulación de riqueza y un mayor nivel de bienestar de las familias.

Lo anterior viene a cuento a raíz del debate sobre la reforma del sector petrolero mexicano. Prácticamente todos los que han intervenido en este debate se han enfocado a analizar el problema petrolero desde la perspectiva equivocada es decir, sobre quién tiene que ser el propietario de los recursos productivos que permiten la explotación del petróleo que está en el subsuelo y su transformación, cuando lo que se requiere debatir es cómo hacer que la explotación de los recursos petroleros y sus derivados sea más eficiente y que se genere un mayor valor agregado. No hay país en el mundo que no considere al petróleo que está en el subsuelo como propiedad de la nación y que le corresponde a ésta apropiarse de la llamada renta petrolera. En México, el petróleo siempre ha sido considerado así, tal como quedó establecido en la redacción original de la Constitución en 1917, pero en el actual debate a prácticamente todos se les olvida que lo que expropió Cárdenas no fue el petróleo sino los fierros propiedad de las empresas petroleras extranjeras.

Escuchar a los políticos mexicanos hablar sobre el tema de la reforma petrolera, no importa que ideología tengan o a qué partido político estén asociados, nos muestra lo poco interesados que están en lograr una mayor eficiencia en la operación de PEMEX; lo que les interesa es seguir ordeñándola y apropiarse de las rentas. Nos muestra lo poco interesados que están en hacer a México un país más rico.