Muchas de las participaciones en el debate que el Senado está llevando a cabo sobre la reforma petrolera demuestran la poca inteligencia no sólo de la clase política mexicana sino de quienes se presentan como intelectuales. Es realmente difícil de creer que haya gente con algún grado de inteligencia y de preparación que piense que la mejor forma de darle un mejor nivel de vida a los mexicanos es prohibir la inversión en un campo estratégico de la economía.

Dos han sido las ponencias que me han parecido más sensatas. Una fue de Carlos Elizondo Mayer Serra, el ex investigador del CIDE y ex embajador de México ante la OCDE, quien tuvo el valor de romper con los dogmas y señaló que los mexicanos no debemos tener miedo de cambiar la Constitución si esto nos permite tener una economía más competitiva y construir un mejor nivel de vida a los mexicanos.

La otra posición inteligente ha sido la de Héctor Aguilar Camín. El historiador y escritor señaló que invertir no significa privatizar. Cualquiera que pueda ver un diccionario debería saber que privatizar es vender una empresa pública a empresarios privados. Y esto no es, por lo menos, lo que está considerando la iniciativa de reforma petrolera.

Si el que haya inversión privada en la industria petrolera es privatizar, “no hay nada que pelear”, porque entonces “hace rato en México” el petróleo estaría “privatizado, parcialmente al menos, pues la inversión privada es clave para el funcionamiento de Pemex hoy”.

En un artículo publicado en el periódico Milenio antes de su participación en el debate, Aguilar Camín nos invitó a leer la redacción original del artículo 27 de la Constitución. La Constitución de 1917 señalaba en el sexto párrafo de ese artículo: “El dominio de la nación [sobre el petróleo] es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.”

Este artículo fue cambiado en 1960 por un PRI ávido de poder para señalar: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado.”

De hecho, si acatamos literalmente el actual artículo 27 de la Constitución, virtualmente todas las operaciones de Pemex en la actualidad serían ilegales. No sólo sería inconstitucional que Pemex contratara la operación de plataformas o de servicios con empresas privadas, sino que tampoco podría hacerlo para comprar ductos, computadoras, escritorios, uniformes, papel de impresora o papel higiénico de ninguna empresa externa. Tampoco podría tener contratos laborales con el sindicato petrolero ni con ningún otro. De hecho, no podría tener contratos con ningún trabajador.

A México le haría un enorme daño asumir un sistema de tal inflexibilidad, pero parece que la ideología estatista que hundió a los viejos regímenes comunistas sigue viva y coleando en las clases políticas e intelectuales de nuestro país.