Finalmente el pasado martes 13 de mayo empezaron los 71 días de debate formal en torno a la iniciativa de reforma de Pemex y de la industria petrolera presentada por el presidente Felipe Calderón. Podría uno pensar que es positivo que se discuta públicamente una decisión tan importante como ésta, pero el hecho es que lo único que hemos visto los ciudadanos es una reiteración de puntos de vista que se han expresado ya en incontables ocasiones. Más que un diálogo, estamos viendo una simple reiteración de ideologías y lugares comunes políticos. Por lo menos hasta el momento de escribir estas reflexiones no ha habido una sola idea nueva, ni siquiera una consideración técnica, en las presentaciones que se han realizado en las sesiones organizadas por el Senado.

No podemos pensar, por otra parte, que el supuesto debate modificará el destino de la iniciativa. Todos los diputados o senadores con los que he hablado tienen ya una posición definida sobre la reforma. El escuchar a otros políticos difícilmente cambiará sus actitudes. Ni los panistas van a votar en contra de la iniciativa ni los perredistas a favor. Y si después de los 71 días la decisión de la mayoría en el Congreso no satisface a Andrés Manuel López Obrador, éste volverá a ordenar bloqueos y movilizaciones para tratar de imponer su punto de vista. Para el debate fue simplemente una medida para ganar tiempo.

Ante las posiciones encontradas de panistas y perredistas, el destino de la propuesta está en manos del PRI. Este partido, a través de su presidenta nacional, Beatriz Paredes, ha señalado ya su rechazo a algunos aspectos cruciales de la iniciativa. Objeta, en particular, la apertura a la inversión privada en refinación y a cualquier medida que pueda verse como una “privatización”.

Difícilmente habrá, sin embargo, un voto monolítico de los priístas. Las diferencias entre unos y otros son muy acentuadas. Algunos coinciden plenamente con el PRD en el rechazo de todo el paquete. Otros están dispuestos a aceptar partes importantes de la iniciativa.

El debate no está sirviendo hasta ahora para discutir ideas, pero sí está abriendo un espacio para la negociación política. Quizá esto sea normal. La negociación política --el yo te apoyo en esto si tú me respaldas en esto otro-- se hace en todos los parlamentos del mundo. Los apoyos políticos se definen por conveniencia y no por ideología. Pero no es eso lo que nos han dicho a los ciudadanos que habrá de definirse en el debate.

Las posibilidades de que la iniciativa del presidente Calderón se acepte en el Congreso tal y como fue presentada son escasas. El PRI ya ha señalado que quiere modificaciones y éstas bien podrían ser de fondo. Habrá que ver cuáles son para juzgarlas, por supuesto. Pero el presidente también tendrá que tomar una decisión. Una reforma excesivamente debilitada puede ser peor remedio que la enfermedad. Por ejemplo, una interpretación demasiado rigorista del artículo 27 de la Constitución podría obligar a que se declaren ilegales la mayor parte de las operaciones que Pemex realiza con contratistas y esto podría dejar paralizada a la empresa. Para eso, mejor sería simplemente dejar que la iniciativa muriera en el Congreso.