Como diría un colega en esta página, el debate energético da pena, pero sobre todo, da pena el debate en materia constitucional.

Con honrosas excepciones, a nuestros “doctos en derecho” les salió el cobre estatista. Y es que eso es resultado de un sistema educativo que forma abogados sin ningún conocimiento sobre los procesos económicos. La mayoría de las escuelas de derecho en México, sólo forman abogados con perfil estatista (el Estado no se concreta sólo a proteger los derechos naturales del hombre-derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad- sino que “debe fomentar el crecimiento económico”) que en la docena trágica llegaron a su máxima expresión, con los abogados estatistas, López Portillo y Luis Echeverría, que, sin conocimiento económico alguno (lamentablemente, sus asesores económicos eran también keyenesiano-estatistas) dispusieron de medidas populistas (subsidios sin ton ni son, expropiaciones sin ton ni son) que terminaron por empobrecer a millones de mexicanos. Me parece que en México sólo una (tal vez dos) instituciones educativas ofrecen estudios que combinan el estudio de la economía con el derecho y la ciencia política. ¿Por qué es importante que los abogados estudien economía básica?

Para que una economía de libre mercado funcione adecuadamente, es de vital importancia que los derechos de propiedad (el derecho que cualquier agente económico tiene a poseer, usufructuar y transferir cualquier propiedad) sobre los factores productivos (trabajo, tierra, capital) estén bien definidos. La estructura particular de cómo se definan los derechos de propiedad, influirá de manera determinante en la asignación y utilización de los recursos productivos en formas específicas y predecibles. En efecto, las atribuciones de los derechos de propiedad determinan las normas de comportamiento con respecto a las relaciones (y beneficios) que cada persona ó empresa debe observar en su interacción con otras personas ó empresas, ó en su defecto, responder a los costos de incumplimiento de los contratos.

De lo anterior se desprende que los derechos de propiedad poseen un valor económico y deben ser respetados conjuntamente por la sociedad, ya que el uso adecuado de los mismos permite maximizar utilidades individuales y sociales, y con ello se garantiza el óptimo empleo de los factores productivos, con lo que se evita la destrucción de los mercados. Si los mercados evolucionan por una innovación tecnológica, entonces deben ser los propios agentes económicos los que enfrenten los nuevos retos. Lo peor que puede pasar, es que los mercados se destruyan por la ausencia de un marco jurídico que haga respetable los derechos de propiedad. Cuando esto ocurre, escasez y hambrunas entran al escenario; esto lo saben muy bien los países que vivieron bajo el yugo comunista, en donde la violación a los derechos de propiedad era la práctica cotidiana.

Dicho lo anterior, la tragedia de México es que los intercambios están regidos por una constitución socialista, redactada por abogados estatistas que de economía saben un cacahuate (¡es hora de ponerlos a estudiar economía en serio!). Y ello, por supuesto, ha tenido efecto en cómo han sido redactados los capítulos de la constitución que se refieren a la propiedad de los recursos naturales.

El debate no debe ser si la propuesta calderonista viola ó no la constitución. Si se cae en esa trampa, entonces la razón la tienen los abogados estatistas. El debate debe ser sobre la necesidad de reformar de una vez por todas a los artículos constitucionales 27 y 28 que violan flagrantemente los derechos de propiedad e inhiben, también flagrantemente, la competencia económica. De hecho, aún si la propuesta calderonista de reforma a PEMEX pasa en el Congreso, los estatistas tienen todo a su favor para que la Suprema Corte falle a su favor, decretando que la reforma es inconstitucional (salvo por uno de los Ministros, la corte también está compuesta por abogados estatistas).

La Constitución mexicana debe, ante todo, hacer respetar el intercambio entre los agentes económicos y, por supuesto, evolucionar con los cambios tecnológicos. Cuando esto no sucede, entonces, una, ó se destruyen los mercados, ó dos, se crean mercados negros en donde los recursos no se asignan óptimamente.

Entiéndanlo señores abogados estatistas, la Constitución no es la Biblia, no es el Talmúd, es el instrumento que da las reglas para que haya civilidad y garantía en los intercambios económicos. El respeto a los derechos de propiedad es de vital importancia para que haya acumulación de capital y con ello, desarrollo y bienestar económico para todos los mexicanos. Es hora de unir Economía y Derecho.