La democracia directa tiene problemas importantes. Los plebiscitos y referendos suelen convertirse en instrumentos para impedir cualquier tipo de reforma o transformación de una sociedad. Los ciudadanos son, por naturaleza, conservadores y reacios a los cambios. Una de las razones por las cuales algunos cantones suizos se contaron entre los últimos lugares de Europa en dar el voto a la mujer fue por la obligación de hacer referendos sobre la medida. Sin embargo, cuando un gobierno busca hacer un cambio realmente de fondo en su sistema económico o político, como el que está impulsando el presidente Felipe Calderón con su reforma petrolera, es democrático exigir una consulta directa a la ciudadanía.

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, los impulsores de la consulta, saben bien que esta figura no existe en la ley. La consulta a la que se refiere el artículo 26 de la Constitución, según la mayoría de los juristas, se refiere sólo a los foros previos a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. No existe en la legislación mexicana la figura del referéndum obligatorio para la autoridad, como en otros países del mundo, en los cuales se debe lograr la aprobación del electorado para determinados cambios a sus leyes.

Lo anterior no significa, sin embargo, que un grupo político no pueda recurrir a una consulta o a una encuesta para determinar la opinión de la gente sobre un tema determinado. Esto es algo que todos los gobiernos, y muchos políticos en lo individual, hacen de manera constante. Después de todo, un político que no está atento a la opinión pública está cavando su propia tumba.

Lo que pretenden López Obrador y Ebrard no es bloquear legalmente la reforma del presidente Calderón, sino hacerles pagar un alto costo político al presidente, al PAN y a los legisladores del PRI que voten a favor de la reforma. El costo dependerá, por supuesto, del nivel de rechazo que consigan en la consulta; y por eso es indispensable que encuentren una pregunta que promueva tantos votos negativos como sea posible.

Los perredistas no están buscando que el referéndum se convierta en una práctica obligatoria en todos los casos en que se modifiquen la Constitución o las leyes secundarias. Ni el PRD ni los demás partidos en el Congreso aceptaron la propuesta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que se hiciera un referéndum en el caso de la Ley Electoral del 2007, la cual modificaba aspectos fundamentales de la Constitución y, a juicio de muchos, violaba la libertad de expresión. El PRD tampoco estuvo dispuesto a aceptar la propuesta de la Iglesia Católica para hacer una consulta sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal. El partido quiere consultas públicas, pero sólo en aquellos casos en que tenga una buena posibilidad de triunfar.

El presidente Calderón se enfrenta, mientras tanto, a una situación complicada. La reforma petrolera se le ha complicado. El PRI exigió primero que no se modificara la Constitución, lo cual lo llevó a proponer una reforma que muchos ven como inconstitucional y otros como insuficiente. Los priistas, sin embargo, no han aceptado la iniciativa tal y como la propuso el presidente y ahora se aprestan a modificarla. El PAN es un partido que siempre ha defendido recurrir a la opinión de la gente en temas importantes, pero hoy debe evitarla para no sufrir una derrota. La gente, a pesar de la insistencia del presidente y de su equipo, se refiere con frecuencia a su iniciativa como una forma de privatizar a Pemex.

López Obrador y Ebrard han olido sangre y por eso se han lanzado a la yugular. El mejor escenario para ellos, de hecho, no sería que se retirara la iniciativa presidencial, sino que ésta se aprobara y debilitara políticamente al PAN y al PRI. Con esto borrarían el costo político de las tomas del Paseo de la Reforma y de las tribunas legislativas, e incluso el de la controvertida elección de este 2008 para renovar a sus dirigentes. Esto, y no el retiro de la propuesta, es lo que pretende el PRD.