La Comisión Ballenera Internacional (IWC por sus siglas en ingles) fue creada con el propósito de dar un desarrollo ordenado a la industria ballenera, y tiene como principal sustento legal la Convención para la Regulación de la Industria Ballenera, firmada inicialmente por 15 países el 2 de diciembre de 1946 en Washington. A partir de 1982, la IWC decretó una moratoria por mayoría de voto a la caza comercial de ballenas, la cual se aplica para todos los miembros firmantes de la convención desde 1986, y es fruto de una decisión democrática.

Desafortunadamente, esta moratoria y las reuniones consecutivas dejaron una cláusula en la que se permite la caza de ballenas con fines científicos. Es así como Japón escudándose en dichos fines caza anualmente alrededor de 935 ballenas minke y 50 ballenas aleta en peligro de extinción, entre otras ballenas.

Japón tiene una tradición histórica de caza de ballenas, sin embargo cuando la tradición choca con leyes aplicables a todos quienes entran dentro de jurisdicciones específicas, el espíritu liberal consiste en aplicar las mismas reglas para todos. Es decir, que la tradición japonesa de caza de ballena y la extendida cocina de ballenas quedan totalmente supeditadas por la moratoria.

La excusa de la investigación ballenera para seguir cazando ballenas con fines comerciales es una farsa que ya no engaña a nadie. La investigación de ballenas japonesa sí ha hecho descubrimientos importantes, tales como cuantificar en 500 toneladas de peces el consumo anual por ballena. Sin embargo, me pregunto realmente ¿cúantas ballenas se necesita cazar para realizar investigación? Mas aún, existen diversos reportes científicos que establecen que dan mucho mejores resultados pruebas con ballenas vivas; a la vez estos reportes reprueban totalmente los programas JARPA II, que otorga permisos para arponear 850+10% ballenas minke, 50 ballenas aleta y 50 ballenas jorobadas y el programa JARPN II, que permite cazar 220 ballenas minke, 100 ballenas sei, 50 ballenas Bryde y 10 ballenas de esperma.

En una Resolución votada en 2005 por mayoría en la IWC se le pidió a Japón retirar o revisar JARPA II y en 2007 se votó otra Resolución pidiéndole a Japón que no emitiera permisos para JARPA II. Japón ignoró ambas resoluciones en la práctica y emitió permisos para la caza “científica” para 2007 y 2008, argumento totalmente desacreditado por la mayoría de los miembros adherentes de la IWC a través de las resoluciones de 2005 y 2007.

De científicos los programas JARPA II y JARPN II no tienen ni el nombre, que suenan a arpón,  sino que tristemente son una simple bandera de navegación científica para la realización de actividades comerciales específicamente detenidas por la moratoria.

Estos argumentos son parte del debate en la 60 Reunión Anual que se celebra actualmente en Chile. Esta conferencia ha resaltado el aislamiento internacional al que se ha sometido a países que utilizan este vericueto para seguir cazando, como son Islandia, Noruega y Japón. La tendencia internacional afortunadamente es la contraria, a crear santuarios balleneros tales como el proyecto de Santuario Sud-Atlántico en el que participarían Brasil, Argentina y Sudáfrica. Por otro lado, la oposición frontal y crítica abierta de gobiernos como el australiano a la caza de ballenas bajo seudo argumentos científicos, así como la reprobación de la opinión pública  internacional de esta actividad, han calado hondo en los gobiernos balleneros.

La industria ballenera, que se suple en gran parte de ballenas obtenidas con “fines científicos”, es una industria millonaria; sin embargo en términos estrictamente económicos el turismo ballenero representa ingresos mayores. Además, la contaminación de los mares y de las cadenas alimenticias urge al cuidado extremo de las ballenas. Y por si fuera poco, está prohibido cazar ballenas con fines comerciales.

Japón ya perdió esta batalla en la opinión pública, esperemos que vuelva a perderla en la reunión en Chile, en donde la legalidad ha de privar sobre la simulación. Esta es una buena oportunidad para demostrar la capacidad real de aplicación de arreglos multilaterales y acuerdos derivados de foros mundiales.