Hay tres derechos naturales fundamentales que el Estado debe respetar y hacer respetar: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Esto en la vida diaria de los ciudadanos significa que los gobiernos deben usar la fuerza única y exclusivamente contra aquellos que transgreden los derechos naturales, como lo son los delincuentes y criminales en general. Por ningún motivo un gobierno debe violar los derechos naturales de los individuos. Si lo hace, es preciso que renuncie, ó hacerlo renunciar.

La tragedia es que en el Distrito Federal el gobierno perredista es el primero en violar los derechos naturales de los ciudadanos. Desde Cárdenas hasta Ebrard, los gobiernos perredistas han sido unos verdaderos transgresores de los derechos naturales.

Algunos desmemoriados piensan que la última tragedia en la que murieron jóvenes (y tres policías en la trifulca llena de gases lacrimógenos) en un “antro”, a causa de un pésimo operativo policiaco, es la primera vez en que Marcelo queda mal con los derechos humanos. No es así.

Incluso desde antes que Marcelo gobernara, hay evidencia contundente de que los derechos humanos de los ciudadanos defeños le importan un cacahuate. Acordémonos.

Primero fueron los policías muertos en Tláhuac. En el sexenio de Fox, Marcelo fungía como Secretario de Seguridad Pública del DF. Fue tal la incompetencia de Marcelo, que dejó que una masa de rufianes linchara y asesinara a dos policías que estaban realizando una investigación encubierta. Después intentó lavarse las manos culpando a la policía federal de los muertos de Tláhuac. Su cinismo le costó el puesto. Luego, ya en el poder, prosiguieron las violaciones a los derechos humanos mediante las numerosas expropiaciones arbitrarias (despojo en realidad) que Marcelo ha hecho.

Quien no recuerda cómo llegaba la policía a sacar de su casa a las personas de los inmuebles expropiados, al más puro estilo nazi. No sé como antes no había muertos en estas arbitrariedades. Más adelante, el asalto al bolsillo de los ciudadanos con las alzas abusivas en el impuesto predial para sostener sus programas populista-electoreros. Y más reciente, se ha vuelto toda una práctica la política policiaca de Marcelo de llegar a los antros, sacar a los jóvenes (sean menores de edad ó no), llevárselos a la delegación, vejarlos, tratarlos como delincuentes y finalmente chantajear a la familia para desangrar sus bolsillos (¿a dónde irá a parar todo ese dinero producto de la extorsión?).

Eso sí, si se trata de un bloqueo de calles (ó plantón, ó construcción de casas en plena avenida) de los seguidores de López, Marcelo ordena a su achichincle Joel Ortega (quien también debe renunciar) que no los toque ni con el pétalo de una rosa. Nuevamente, violación de derechos a los ciudadanos afectados.

No nos equivoquemos, un joven menor de edad que toma alcohol ó drogas no es un delincuente. Y ojo, algún lector despistado comentaba que la culpa de la muerte de los jóvenes del antro de la Delegación Gustavo A. Madero era culpa de los padres de familia. No, por favor, no nos equivoquemos tan garrafalmente. La culpa de que los menores de edad ingieran drogas sí es de los padres, que no han sabido educar a sus hijos. La culpa de que todo un comando policiaco entre a un lugar de diversión de jóvenes, como si estuviera en una operación contra narcos en Tepito, es sin lugar a dudas del gobierno defeño. La culpa de que un grupo policiaco entre a golpear, a reprimir y asesinar a jóvenes es del gobierno perredista que mal gobierna el DF. Vaya, hasta la perredista Rosario Robles ha declarado que no es posible que la policía entre a reprimir a un antro lleno de jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ahora comienza a surgir toda clase de tonterías para solucionar el problema de que los menores de edad consuman drogas. Nuevamente las viejas ideas estatistas, la falsa creencia de que con más controles burocráticos será posible frenar a los antros que no cumplen con la ley.

Falso de toda falsedad. Es precisamente eso, el llenar de múltiples requisitos para abrir un negocio lo que propicia que la corrupción predomine. En el DF la operación administrativa perredista opera con los mismos incentivos perversos de las viejas administraciones priístas.

Basta con ir a cualquier Delegación política a realizar un trámite para darse cuenta de la podredumbre administrativa que predomina en el gobierno defeño.

Si se desea reducir el consumo de drogas en los jóvenes, la responsabilidad debe recaer en los padres, no en el gobierno. En todo caso, cualquier política pública debería ir encaminada a fomentar la cultura de que los padres estén capacitados para prevenir y en su caso detectar si su hijo consume drogas.

Y por favor, si se desea también frenar el surgimiento de los llamados giros negros, basta con disminuir la “tramititis” y dejar que empresarios serios y responsables entren a ofrecer diversión, cuidando de no transgredir las reglas como el incentivar el consumo de drogas en los menores de edad. Si no se cumple, es fácil detectarlo, por ejemplo, con inspectores disfrazados de clientes (así se hace en varios países europeos) y no con todo un pelotón de granaderos golpeadores analfabetas.

Marcelo es un flagrante violador de los derechos humanos de los defeños, por lo tanto debe irse. Exijamos una consulta (como las que torpemente Marcelo quiere hacer con PEMEX) a los defeños para señalarle que no lo queremos ya como Jefe de Gobierno. Castiguemos al PRD amigo lector, no votemos por ese nefasto partido en las próximas elecciones. De lo contrario, nuestros derechos naturales seguirán siendo violados continuamente. Es hora de que los ciudadanos tomemos la palabra.