La economía mexicana es, sin duda, anémica. Cinco lustros de muy bajo crecimiento económico por habitante, de bajas tasas de creación de empleos y de aumentos de los salarios reales, persistencia de altos índices de pobreza y de inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso, muestran que la economía simple y llanamente opera de manera muy ineficiente y que el entorno institucional en el cual se desenvuelven los diferentes agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos, no provee los incentivos eficientes y adecuados para un mejor desempeño de la economía. Y ahora, aunado a esta deficiencia estructural, la economía mexicana se enfrenta a un entorno internacional desfavorable, caracterizado por dos fenómenos: la desaceleración en el crecimiento mundial, particularmente en Estados Unidos, y una nueva ola de aumentos al nivel mundial de determinados precios, particularmente alimentos y petróleo. Ante esta situación, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para solventar esta etapa de desaceleración con inflación y además corregir de paso algunos de las deficiencias estructurales? La respuesta, claramente, no va por el lado de los subsidios ni los controles de precios. La respuesta correcta es modificar el sistema de incentivos que premie la generación de riqueza y castigue la búsqueda de rentas.

Un primer punto es actuar rápidamente sobre la ineficiente regulación gubernamental que tenemos. Las excesivas y pésimamente diseñadas regulaciones federales, estatales y municipales de los diferentes mercados, hacen que la economía mexicana opere con altísimos costos de transacción, generan una notable ineficiencia en la asignación de recursos, premian la búsqueda de rentas e incentivan la corrupción y desincentivan la generación de riqueza a través de la inversión física y del cambio tecnológico. El gobierno promete, una y otra vez, que ahora sí le van a entrar de lleno a la desregulación y nada sucede. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria está más ocupada parando nuevas regulaciones que se inventan los burócratas y los legisladores federales, que mejorando la regulación existente. Mientras esto no cambie, la economía seguirá atrofiada. Y en la misma línea, ya es tiempo de que el gobierno deje de proteger a los monopolios gubernamentales (PEMEX, CFE y CLFC) y los monopolios privados tales como TELMEX, CEMEX, Maseca, Bimbo y otros. A los consumidores mexicanos nos cuesta un ojo de la cara enfrentarnos a las prácticas monopólicas amparadas por el poder político, mismas que además desincentivan el crecimiento económico y la creación de empleos.

Segundo, urge un profundo trabajo legislativo más allá de la reforma petrolera. Urgen una completamente nueva legislación laboral, una nueva legislación en materia de amparo, una nueva legislación mercantil, un nuevo sistema tributario, una nueva legislación en materia educativa, etcétera. La leyes que tenemos son en muchos aspectos obsoletas e ineficientes e inhiben el crecimiento económico. Tercero, se requiere una más eficiente protección de los derechos privados de propiedad, por lo que urge una profunda reforma del aparato de impartición de justicia, la persecución por oficio de la piratería y una reforma profunda de los Registros Públicos de la Propiedad en todas y cada una de las entidades federativas.

Si el gobierno sigue actuando con timidez en estos y otros temas, la economía mexicana seguirá siendo anémica por mucho tiempo más.