VIERNES, 25 DE JULIO DE 2008
La culpa es de los legisladores

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“Con frecuencia los mexicanos culpamos a los jueces, magistrados y ministros por las decisiones que toman. Es verdad que en algunos casos sus fallos pueden ser equivocados. Pero en la mayoría la situación es muy distinta. El problema no es de los jueces sino de los legisladores que hacen las leyes que los jueces deben aplicar. ”


Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se fueron de vacaciones esta semana y dejaron pendientes, para el próximo mes de agosto, los amparos promovidos por varios grupos empresariales y uno de intelectuales en contra de la nueva legislación electoral. Estos amparos serán considerados por la Primera Sala de la Corte.

 

El simple hecho de que la Primera Sala haya decidido atraer 41 de estos juicios de amparo ha generado una actitud de optimismo de parte de quienes se oponen a las limitaciones a la libertad de expresión impuestas por la nueva legislación electoral. Existía la posibilidad, después de todo, que los ministros simplemente optaran por ratificar las decisiones de tantos jueces y tribunales que consideraron “notoriamente improcedentes” estos amparos. Hay una larga tradición jurídica en México, después de todo, que sostiene que un artículo de la Constitución es la ley sin importar que viole las garantías individuales más fundamentales. Y la censura ha sido impuesta sobre la base de una modificación del artículo 41 de la Constitución.

 

El ministro José Ramón Cossío, quien procede del mundo académico y no de una carrera judicial, hizo una propuesta que llevaría a la Suprema Corte a equilibrar las garantías de libertad de expresión que se establecen en el artículo sexto de la Constitución con las restricciones a esta misma libertad que impone el nuevo artículo 41 en materia electoral. Esta propuesta fue rechazada en principio por los ministros de la Corte cuando consideraron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos pequeños, pero podría renacer con motivo de la discusión en la Primera Sala de los juicios de amparo de intelectuales y grupos empresariales.

 

Yo debo confesar, sin embargo, que no soy demasiado optimista. Y no porque dude de la capacidad o la verticalidad de los ministros de la Corte. Mi pesimismo tiene un origen muy sencillo y claro. Estoy consciente de que la función de la Suprema Corte no es el de corregir las deficiencias, errores y abusos de los legisladores, sino simplemente aplicar la ley. Si una ley secundaria viola la Constitución, los ministros deben declararla ilegal. Pero cuando un artículo ha sido incorporado a la Constitución, cumpliendo todos los requisitos que ésta establece para llevar a cabo sus enmiendas, entonces no hay nada que la Corte pueda hacer.

 

Con frecuencia los mexicanos culpamos a los jueces, magistrados y ministros por las decisiones que toman. Es verdad que en algunos casos sus fallos pueden ser equivocados. Pero en la mayoría la situación es muy distinta. El problema no es de los jueces sino de los legisladores que hacen las leyes que los jueces deben aplicar.

 

La clase política mexicana, en su afán de consolidar el control que tiene sobre el país, decidió eliminar las críticas que se hagan hacia ella. No se limitó para ello nada más a modificar leyes secundarias. Entendió que las restricciones a la libertad de expresión que quería imponer habrían sido consideradas inconstitucionales en caso de mantenerse la redacción original de nuestra Carta Magna. Por eso empezó por modificar la Constitución para adaptarla a lo que quería. Uno podrá culpar a los legisladores de perversos, pero no de pen…, perdón, de tontos.

 

• Reforma electoral

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