Desde sus discursos de campaña y en múltiples oportunidades durante su primer año de gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha insistido en el carácter inapelable de su decisión de no renovar el convenio que Ecuador firmó con los Estados Unidos en 1999 para la instalación y puesta en funcionamiento del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL por sus siglas en inglés) en la ciudad de Manta, durante un período de 10 años. Dejar sin efecto dicho convenio pondrá en jaque la seguridad del país, ya que se eliminará el apoyo logístico que reciben las fuerzas armadas ecuatorianas y el Ecuador quedará expuesto a peligrosas redes criminales internacionales.

El presidente afirma que el convenio ha sido perjudicial para el país. Sin embargo, la realidad nos prueba lo contrario. Son múltiples los beneficios obtenidos a partir de la instalación de los americanos en Manta. Aportes tales como la información necesaria para la efectiva detención de embarcaciones destinadas al transporte de drogas ilegales (unas 207 toneladas, tan sólo en el año 2007) y al tráfico de compatriotas emigrantes en condiciones infrahumanas. El presupuesto operativo de la base, unos 7 millones de dólares pagados en su totalidad por los contribuyentes americanos, benefician enormemente a la economía local. Más allá de lo mencionado, los miembros de la FOL contribuyen al mantenimiento de la pista del aeropuerto, al entrenamiento y ayuda logística del departamento de bomberos, al dictado de clases gratuitas del idioma inglés, entre otros beneficios de los que goza la población local.

Lo cierto es que las administraciones de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, más allá de sus diversas posiciones políticas, han apoyado la existencia de la FOL. Todos fueron capaces de aceptar su importancia estratégica dada la posición geográfica en la que se encuentra el país. Hasta la llegada de Correa a Carondelet, los ecuatorianos teníamos claro que nuestro país se encuentra en un “vecindario peligroso”, expuesto a obscuras redes internacionales de narcotráfico. Y también teníamos clarísimo la falta de capacidad y de recursos de nuestra fuerza militar y policial, nuestra falta de estabilidad institucional y la falta de transparencia en relación a las actividades de las fuerzas armadas ecuatorianas.

Contrariamente a lo que el presidente afirma, los únicos perjudicados por la presencia de la FOL en Ecuador han sido los traficantes de drogas y coyoteros, que vieron afectada la rentabilidad de sus negocios. En un comienzo los analistas políticos dudaban acerca de los verdaderos motivos detrás de la polémica decisión del presidente, que mas allá de su obsesión por llevar la contraria a los Estados Unidos, expondrá a los ecuatorianos al azote del narcotráfico y a su peligroso entorno. Pero a partir de la incursión colombiana en territorio Ecuatoriano, que logró eliminar al líder terrorista Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes, la información contenida en su computador personal (mas tarde certificada por INTERPOL, de la que Ecuador es miembro) no ha dejado dudas de la estrecha relación entre las FARC y los presidentes simpatizantes del socialismo del siglo XXI.

Los vínculos de Hugo Chávez y las FARC no sorprenden a nadie sino que se explican claramente los motivos por los que el presidente ha venido transformando a Venezuela en un verdadero paraíso para las redes criminales internacionales. El manto de desconfianza que ha generado Rafael Correa a partir de su comprobada alianza con Chávez y las FARC, será difícil de disipar entre los ecuatorianos. El poder absoluto que ejerce el poder ejecutivo sobre la asamblea, y la falta de un poder judicial independiente capaz de demandar la aclaración de hechos de esta índole, permitirán a Correa continuar impunemente con sus siniestros planes fronteras adentro. En este complejo mundo globalizado, Ecuador está enviando un claro mensaje de desprecio a la buena fe de los americanos y una calurosa bienvenida al narcoterrorismo.

En un Ecuador ideal la sociedad civil se sentaría a dialogar con los americanos y los expertos locales en defensa y seguridad para aclarar dudas y remover el halo misterioso que Correa ha sabido inventar alrededor de la figura de la base militar de Manta. Eliminar el convenio en el 2009, logrará poner en peligro a las familias ecuatorianas de una vez y para siempre, eliminar el indispensable apoyo logístico que reciben las fuerzas armadas locales y dejará al Ecuador a merced de peligrosas redes criminales internacionales.