El presidente Felipe Calderón pidió a la clase política no tratar de aprovechar para sus propósitos el trágico secuestro y muerte del joven Fernando Martí. Pero al final él fue el primero en tratar de llevar agua a su molino.

Su presencia en la misa familiar fue un gesto importante y significativo; no hay ahí nada que objetar. Pero posteriormente el presidente cuestionó al gobierno perredista del Distrito Federal por dedicar dinero a la consulta pública sobre la reforma petrolera mas no a la lucha contra el crimen y también por, supuestamente, no querer coordinarse con las autoridades federales, a lo cual el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard respondió que hay mejor coordinación entre las instancias de seguridad y de justicia de la capital y de la federación que entre las propias dependencias federales entre sí.

El presidente mantuvo sus esfuerzos para aprovechar políticamente la muerte de Martí cuando posteriormente hizo un anuncio a la nación a través de los medios electrónicos haciendo al Senado responsable de alguna manera del aumento en la criminalidad por no haber dictaminado y aprobado ya una iniciativa de ley que incluía sentencias más severas para los secuestradores, especialmente de niños. Además, el mandatario utilizó también esta transmisión para anunciar que promoverá una iniciativa de ley para establecer la pena de cadena perpetua para los responsables de ciertos tipos de secuestros.

La verdad es que ni el problema de los secuestros ni el de la violencia son producto de falta de legislación o del que no haya penas severas para los secuestradores. Si falta alguna coordinación entre las fuerzas de seguridad pública o de procuración de justicia del Distrito Federal y del gobierno federal, esto deberá resolverse con un esfuerzo de las dos partes. No ayuda en nada, por supuesto, que el presidente de la república se queje en público de una supuesta falta de cooperación por parte de las autoridades capitalinas.

No, el problema no es del legislativo sino del ejecutivo. Las penas son ya suficientemente severas. La legislación mexicana permite ahora una condena máxima de 60 años, aun cuando se acumulen condenas con penas superiores. Pero 60 años son, en la enorme mayoría de los casos, una verdadera cadena perpetua. Difícilmente un hombre de 80 ó 90 años de edad, al salir de la cárcel, estará en posición de reanudar una carrera criminal.

Se ha hablado también de la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores homicidas. La discusión ha sido alentada por la ejecución del mexicano Joe Medellín, por la violación tumultuaria, tortura y asesinato de dos adolescentes en Houston en 1993. Pero si bien la pena de muerte puede ser una retribución que otorgue satisfacción a los familiares de las víctimas, no es un disuasivo al crimen, como lo demuestran muchos estudios científicos.

El presidente no debería buscar a otros responsables ni tratar de sacar beneficio político del secuestro y asesinato de Fernando Martí y de muchos otros mexicanos. De hecho, si realmente quisiera enfrentar el problema de los secuestros y la violencia se daría cuenta que la solución está en las manos del poder ejecutivo que él encabeza o el que representan los gobernadores en los estados. Una mejor labor policiaca, con mejores elementos y más tecnología, podría evitar secuestros o castigar los que tengan lugar. El problema, después de todo, no es la severidad de las penas sino la impunidad.