Durante los últimos meses una ola de violencia jamás imaginada ha cubierto el territorio mexicano provocando que la sociedad legítimamente proteste al sentir que el gobierno no cumple con su función primordial: protegerla.

Sabemos que el origen de este grave problema es el narcotráfico, una actividad generadora de más de 500 mil millones de dólares. Esos flujos increíbles de dinero en manos de gentes sin escrúpulos, les han dado las herramientas para establecer una contraofensiva a todos los fallidos programas para combatir la oferta de drogas. Es tal el poder económico del narcotráfico, que se han dado a contratar los mejores ejércitos privados en este nuevo mercado mundial, el mercado de la violencia organizada para maximizar utilidades.

De acuerdo con un reporte confidencial de la DEA, el precio al mayoreo de la cocaína se ha incrementado en 35% entre enero y junio. Hay muchos factores que participan en el aumento de estos precios, pero lo que interesa ahora es conocer las consecuencias.

El aumento de los precios de las drogas genera un aumento proporcional de la violencia en las comunidades. Aun cuando la mayoría de los usuarios no son violentos, la minoría que comete crímenes arrecian sus actos criminales para poder pagar los precios inflados. El atractivo que genera una actividad de precios inflados provoca también más violencia entre los cárteles.

Los economistas Levitt y Dubner, en su popular libro Freakonomics, comprueban que una caída de los precios de las drogas es correspondida con importantes disminuciones de crímenes violentos. Aseguran, igual, que el aumento de precios se traduce en incremento sustancial de crímenes violentos.

Los precios altos generan más tráfico y violencia, no menos. A medida que el precio de la cocaína aumenta, la actividad es mucho más redituable, lo que se traduce en más gente participando en el mercado aumentando su oferta.

La administración Bush cita el precio de la cocaína para entregar a México 1,500 millones de dólares y reducir la oferta. Pero aun cuando se pudiera reducir esa oferta, sólo se traduciría en cocaína más valiosa incrementando las ganancias de los cárteles y, más importante, la violencia que ya arropa a México desde Sonora a Guatemala.

Una política mucho más efectiva sería gastar esos dinerales en tratamiento para adictos, lo que generaría una disminución de la demanda haciendo la actividad menos rentable. Diversos estudios indican que el tratamiento para reducir el uso es 15 veces más efectivo que las políticas actuales tratando de aplicar la ley y 25 veces más efectivo que las políticas tendientes a reducir la oferta. Los investigadores afirman que por cada dólar invertido en tratamiento y prevención, se ahorran 8 dólares de costo social. En contraste, se pierden 0.85 centavos por cada dólar invertido en la persecución de las fuentes, y casi $1.50 por cada dólar gastado en policía y agencias para combatir la actividad.

Oferta y demanda siempre se encontrarán, legal o ilegalmente. Mientras haya demanda para un producto la oferta hará su arribo al mercado, y combatirla, como lo estamos haciendo, sólo se seguirá traduciendo en la mejor promoción para los narcotraficantes, sus diabólicos productos y grave violencia para la sociedad.