Introducción

A principio del siglo XXI, en México, estamos sosteniendo una discusión propia del siglo XIX: debe o no debe el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno, monopolizar los sectores estratégicos de la economía, aquellos que se relacionan con la mayoría de las actividades económicas, porque la realización de éstas depende de la oferta de los bienes y servicios de aquellos. Tal es el caso de la industria energética, electricidad y petróleo, que en México sigue monopolizada por el Estado, monopolización defendida a capa y espada por los estatólatras, y cuestionada por quienes estamos a favor, no de los empresarios, sino de los consumidores. Esto último es algo que no se termina de entender.

¿A favor de los empresarios?

Se ha vuelto lugar común afirmar que quienes favorecemos la eliminación de los monopolios estatales en la actividad económica, sobre todo en los sectores estratégicos, estamos a favor de los empresarios, en general, y de los grandes capitalistas, en particular. Se cree que quienes defendemos la desaparición de dichos monopolios, sobre todo en industrias como la energética, somos mercenarios pagados por los empresarios para defender sus intereses, que convergen en uno: obtener el privilegio de una concesión monopólica. Quienes tales cosas creen están convencidos que nuestro único interés es la privatización de los monopolios del Estado, con lo cual dejarían de ser estatales, para ser privados, situación que, según lo afirma la teoría más popular sobre el tema, le permitiría a esos empresarios ofrecer una menor cantidad, a un mayor precio, que la que ofrecerían, y del que cobrarían, si estuvieran sujetos a la competencia.

No tengo duda: el sueño de cualquier empresario (de hecho de cualquier oferente de bienes y servicios) es el monopolio, sobre todo el monopolio por concesión gubernamental. Pero tampoco dudo que los economistas que estamos a favor de la economía de mercado, y de la libre empresa, no pretendemos solamente la privatización de los monopolios estatales, como si lo importante fuera el adjetivo, estatal o privado, sino la desaparición del sustantivo: monopolio. La privatización, desde este punto de vista, es una de las condiciones necesarias para la eliminación del monopolio, es decir, para la apertura de ese mercado a la participación de todo empresario que crea tener una oportunidad para servir al consumidor.

Esto último, el servicio al consumidor, es lo que nos importa a quienes favorecemos la economía de mercado, consumidor que será mejor servido en la medida en la que la oferta de bienes y servicios sea producto de la competencia, no del monopolio.

Desde el punto de vista de la economía de mercado, la privatización de los monopolios estatales no es el fin, sino el medio, para abrir los mercados a la competencia de todos aquellos que, por inteligencia, iniciativa y esfuerzo, crean tener una oportunidad para servir al consumidor, ofreciéndole mercancías a menor precio, con mayor calidad, con mejor servicio.

Lo que el gobierno NO debe hacer

Supongamos que se privatiza la industria eléctrica, de tal manera que el resultado es la transformación del monopolio estatal en monopolio privado: cambia el adjetivo, de estatal a privado, pero el sustantivo, monopolio, sigue siendo el mismo, razón por la cual la oferta de electricidad sigue siendo monopólica. ¿Qué se requiere para que deje de serlo? Que la privatización no haya consistido en el otorgamiento, por parte del Estado, de una concesión monopólica, exclusiva, a favor de un grupo empresarial, lo cual daría como resultado un mercado cerrado a la competencia, clausurado a la participación de todos aquellos que crean tener una oportunidad para servir al consumidor, y hacerlo mejor de lo que lo hacen quienes ya participan en ese mercado.

El requisito para obtener las mejores condiciones para el consumidor es que el mercado esté abierto. Y el requisito para que el mercado esté abierto es que el Estado no limite (en el mejor de los casos), o prohiba (en el peor), la participación de todo aquel que crea tener la oportunidad de servir al consumidor, y de hacerlo a partir de la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad, mejor servicio.

Conclusión

Si un mercado, abierto a la participación de todo aquel que cree tener la oportunidad de servir al consumidor, está monopolizado, ello quiere decir que no hay alguien capaz de ofrecerle al consumidor, en mejores condiciones de las que lo hace el monopolio, el bien o servicio en cuestión. Ello quiere decir que, dadas las condiciones de producción, el monopolio es la mejor opción para los consumidores, siempre y cuando el mercado en cuestión sea un mercado abierto o, dicho de otra manera, siempre y cuando el monopolio no sea efecto de una concesión estatal, cuyo resultado es cerrar el mercado a la participación de todo aquel que crea poder servir al consumidor en mejores condiciones que el oferente que ya opera.

Tomando en cuenta todo lo anterior, ¿cómo calificamos las privatizaciones llevadas a cabo por el Estado en los últimos años? ¿Dieron como resultado mercados abiertos a la participación de todo aquel que se crea con una buena oportunidad para servir al consumidor? O, por el contrario, ¿dieron como resultado mercados cerrados a la competencia, que les han permitido, a los beneficiarios de tales privilegios, obtener ganancias extraordinarias, siempre a expensas del consumidor? Quienes participaron de tales privatizaciones, vendiendo o comprando, ¿duermen con la conciencia tranquila?