Seguimos exhibiendo la ignorancia económica de los políticos. Ahora le toca al representante del sector obrero priísta en la Cámara de Diputados, Patricio Flores, quien la semana pasada propuso que el Poder Legislativo participe en las negociaciones para establecer el porcentaje de incremento a los salarios mínimos si el organismo encargado sigue con una política de no mejorar el ingreso de los trabajadores. El legislador señaló que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) “ha dejado de cumplir con su objetivo de establecer un ingreso que satisfaga las necesidades básicas de los trabajadores”, por lo que agregó que “los diputados están dispuestos a intervenir para revertir esta situación”.

No satisfecho con lo dicho, el señor legislador continúa con su demagogia argumentando que las autoridades no han entendido que si los trabajadores mexicanos no tienen un buen poder de compra difícilmente se podrá reactivar el mercado interno, y ello representa que no habrá un mejor desarrollo económico, culminando brillantemente con un llamado a los empresarios para que no sean tan "pichicatos" y “ofrezcan un buen salario, porque tienen un margen de utilidad enorme y es hora que le den un sentido social a sus empresas y pagarles mejor a los trabajadores”.

Pues bien, no hay nada más falso que lo dicho por el legislador priísta, ya que el simple establecimiento de un salario mínimo, en lugar de ayudarle al trabajador, hace precisamente lo contrario; al establecerse por decreto, los costos del trabajo se elevan para el empresario y los trabajadores menos calificados suelen pagar las consecuencias de dichas políticas a través de un mayor desempleo. Vamos por partes.

En primer lugar, hay que señalar que uno de los problemas de este caso viene desde la creación misma de la CONASAMI, el cual es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La CONASAMI tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo.

Pero, ¿cuáles son los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo?

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”.

Como observamos, el origen central del problema lo encontramos desde ahí, ya que en la medida en que el gobierno interviene en la libre asignación de uno de los factores de la producción bajo el argumento de satisfacer las necesidades de cada una de las personas, automáticamente encarece la demanda de mano de obra. Esto es así porque si el precio fijado por la autoridad para el trabajo es mayor que el que se habría determinado por la oferta y la demanda de trabajo, la cantidad demandada de trabajadores será menor a la lograda en un mercado libre con un precio menor. Con esto, se induce a las empresas a que reduzcan la cantidad empleada de trabajadores y adopten tecnologías de producción más intensivas en el uso del capital.

Así, los políticos al no entender los efectos negativos que su medida producirá, querrán intentar resolver los problemas de bajos ingresos a través de una política que por decreto eleven los ingresos de los trabajadores, y claro, al generarse mayor desempleo, la solución será culpar más tarde a los empresarios en lugar de a ellos mismos.

Por otra parte, debido a que el objetivo principal de cualquier empresa privada es maximizar el rendimiento sobre el capital invertido, es decir, obtener las mayores utilidades posibles, la empresa producirá hasta aquel punto en el cual el ingreso por vender una unidad adicional sea igual al aumento de sus costos totales por haber producido esa unidad. Esta es una condición de equilibrio de la empresa e implica necesariamente que estará dispuesta a pagar un salario igual a lo que los trabajadores aporten a los ingresos de la empresa.

La intención detrás de un salario mínimo es proteger o beneficiar a los trabajadores que tienen menor capital humano, es decir, a los menos capacitados y productivos. Sin embargo, un salario mínimo perjudica más a este tipo de trabajadores. Al enfrentarse la empresa a un incremento exógenamente determinado en los costos de la mano de obra, los primeros trabajadores que dejan de ser demandados por las empresas son los menos productivos, es decir, a los primeros a quienes se despide son a los que originalmente se quería proteger con un salario mínimo.

Adicionalmente otro efecto negativo de la política de salarios mínimos y que se deriva de que esta medida genera desempleo, es que aquellos trabajadores que al salario mínimo vigente no consiguen empleo, estarán dispuestos a emplearse a un salario inclusive menor que el que hubiese regido de ser este precio libre.

Por otra parte, no olvidemos que si se fija un precio para el trabajo sin ser respaldado con la producción y productividad correspondiente, existirán presiones para que, como consecuencia de este incremento en los costos de la mano de obra, los precios de los bienes aumenten, reduciendo el valor real o poder adquisitivo de los salarios. Lo anterior implica que aunque se fije exógenamente un salario nominal más alto, no hay manera de controlarlo en términos reales, el cual se determina por las condiciones del mercado.

Para elevar los ingresos de los trabajadores, debe hacerse lo opuesto: flexibilizar las leyes laborales y facilitar la creación de empresas, que es lo que hace que se incremente la demanda de trabajo y así suban los ingresos. Más aún, al facilitar el funcionamiento de las empresas se eleva la productividad y eso lleva a mayores ingresos. Los ingresos no pueden elevarse por decreto. Si ello fuese posible, la pobreza habría dejado de existir hace mucho tiempo.