El gobierno hace más de lo que, legítimamente, debe hacer, lo cual explica, entre otras causas, que lo que sí debe hacer, aquello a lo que no puede renunciar sin dejar de ser gobierno (garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia), no lo haga, tal y como sucede con el gobierno mexicano, que ha dejado de garantizar la seguridad contra la delincuencia, y que ha dejado de impartir justicia, por lo que, estrictamente hablando, ha dejado de ser gobierno.

Distingamos: una cosa es que haya un grupo de burócratas dedicados al mecenazgo de las artes, CONACULTA, y otro cuya tarea es apoyar el deporte, CONADE, y otra muy distinta, ¡pero muy distinta!, que haya gobierno, es decir, alguien capaz de garantizarle al gobernado la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia. En México, ¿hay gobierno? Porque, insisto, hay que distinguir…

Últimamente, a partir del secuestro y asesinato de Fernando Martí, las autoridades han retomado el discurso a favor de la seguridad contra la delincuencia. Escribo este artículo en los mismos momentos en los que se lleva a cabo la XXIII reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, considerada una reunión cumbre, cuyos resultados ya veremos, si es que los llegamos a ver, y permítaseme el escepticismo, de entrada, por la siguiente razón: para que el gobierno vuelva a ser gobierno debe dejar de ser desde ángel de la guarda hasta hada madrina y concentrarse, de manera prioritaria, si no es que única, en garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, para lo cual, de entrada, necesita más recursos, y a las pruebas me remito. Según lo ilustró Adriana Merchant, en un muy interesante artículo (la versión no editada se puede leer aquí), del presupuesto del Gobierno Federal solamente el 3.7 por ciento, ¡sí: únicamente el 3.7 por ciento!, está destinado a seguridad y justicia, cifra que revela la importancia que, a tales asuntos, le conceden los gobernantes, para quienes hay asuntos mucho más importantes, como lo son, por ejemplo, la educación, que se lleva el 22 por ciento del presupuesto, o la salud a la que se le asigna el 15 por ciento. Y aquí surge, otra vez, la necesidad de distinguir: la educación y la salud son importantísimas en la vida del ser humano, pero no son tareas legítimas del gobierno, sino de los padres, legítimos responsables de curar y educar a sus hijos.

A lo que voy es a lo siguiente: mientras no se revise a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, primer paso de una verdadera reforma fiscal, la realización de sus legítimas tareas – garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia -, dejará mucho que desear. Para entender lo anterior pongo de ejemplo lo que considero una vergüenza en el caso del gobierno de la Ciudad de México, y me refiero, entre otros gastos injustificables, a la construcción de playas artificiales en el D.F. ¿Es tarea legítima del gobierno proporcionarle al gobernado solaz y esparcimiento? ¿Se justifica que, con ese fin, le quite a unos para darle a otros? ¿Se justifica sobre todo cuando, en materia de seguridad y justicia, las cosas están como están? Y si este es un ejemplo relacionado con el gobierno de la Ciudad de México, en el caso del Gobierno Federal los ejemplos abundan, desde el CONACULTA hasta la CODEME.

¿Queremos un gobierno que cumpla? Entonces lo primero que hay que hacer es limitarlo a las siguientes tareas: garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia; ayudar a los más pobres en alimentación, atención médica y educación; invertir en infraestructura. ¿Nada más? Nada más. ¿Algo semejante se planteará en las reuniones cumbres? ¡¡¡Sí, cómo no!!!