Es cierto. Las autoridades en México no han hecho su trabajo básico, que es garantizar la integridad física de cualquier persona en el territorio a su cargo –incluida la vida de las personas aún no nacidas– frente a las amenazas de terceros. También es cierto que hay autoridades más culpables que otras; el récord de impunidad de las autoridades del Distrito Federal o del estado de México es mucho mayor que el de las autoridades federales, sin que ello implique que podamos confiar del todo en estas últimas.

La marcha fue respetable, pero insuficiente e ineficiente para terminar con la criminalidad. La cara dura de algunos de los políticos es tal que esa manifestación puede muy bien pasar sin que altere la podrida conciencia de los responsables de la impunidad.

La lógica criminal de quien secuestra personas para obtener algún beneficio es exactamente la misma lógica del funcionario que pide una retribución al margen de la ley para hacer su trabajo, para no obstruir el trabajo de los demás o para reconocer derechos elementales que no deben estar a su arbitrio, como el respeto a la propiedad, el cumplimiento de los contratos o la atención debida cuando se demanda el cumplimiento de una ley.

Y el error que cometemos los ciudadanos, lo mismo cuando pagamos a una banda de secuestradores a cambio de la vida preciosa de un ser humano que cuando pagamos una “mordida” para que nos dejen trabajar o para que no nos fastidien, es alimentar la ganancia de los criminales con nuestra arraigada cultura de la transacción con el delito.

Mi vida y la de mis seres queridos es invaluable, por eso NO tiene precio. Cada cual debería armarse de valor y de valores auténticos para proclamar firmemente que nadie recibirá ni un centavo partido por la mitad a cambio de no matarnos o de no hacernos daño. Es duro, pero es el único camino para terminar con la cultura de la impunidad.