Para cuando este artículo salga publicado, ya habrá pasado la marcha ciudadana contra la inseguridad y la delincuencia. No sé si tendrá el éxito de la primera (ocurrida hace 4 años). Lo que sí sé es que ésta no servirá de nada si los gobiernos y ciudadanos mantenemos ese uso perverso de los recursos públicos.

Por ejemplo, en el DF la gente se queja de la inseguridad, pero buena parte sigue apoyando los programas populistas de Marcelo Ebrard. Ésta es la mejor manera de hacerle el juego a la delincuencia, pues se distraen recursos escasos que podrían emplearse para combatir a la inseguridad pública. Pero lo peor, los recursos dirigidos para el combate a la delincuencia, están en su mayoría mal asignados y operan sobre la base de serias fallas constitucionales.

Para ver las fallas del estado de derecho no hay que ser lego, sólo basta con ver cómo a diario se violan los derechos y contratos en México. Desde cerrar una calle (ó calles), clausurar una universidad, incumplir en algún pago, invadir y/o expropiar propiedad privada, cerrar cualquier oficina pública, tomar la tribuna del Congreso, convertir las calles en estacionamientos, producir bienes piratas, pasarse un alto, etc., los mexicanos estamos tristemente ya acostumbrados a atestiguar que la mayoría de los actos ilegales no son castigados. Así, la impunidad no sólo es la práctica diaria de los gobiernos, sino que se ha vuelto toda una cultura nacional.

Como bien apunta el economista Manuel Sánchez González (en su libro Economía mexicana para desencantados), existe una correlación negativa entre la inseguridad jurídica y el crecimiento económico. Esto es así porque cuando las leyes no garantizan el respeto de los contratos y de los derechos de propiedad de las personas y empresas (requisito indispensable para el buen funcionamiento de los mercados) se elevan considerablemente los costos de transacción (se desincentiva el intercambio voluntario entre los agentes económicos) lo que castiga la generación de riqueza, y por tanto retarda la salida de la pobreza de millones de mexicanos.

Lo anterior se complica cuando además del irrespeto de los contratos, existe todo un mar de impunidad contra los delincuentes que atentan contra los derechos naturales del ser humano como son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y lo peor, cuando el ataque a los derechos naturales se realiza en complicidad con la policía.

El análisis económico es muy útil para estudiar las causas de la criminalidad. De acuerdo a dicho análisis (que empleó la primera vez el premio Nobel de economía Gary Becker), los delincuentes no son diferentes en sus motivaciones a los no delincuentes (por fortuna, la enorme mayoría de los ciudadanos) y responden de manera semejante a los incentivos.

La elección de una persona a favor del delito ocurre cuando el beneficio neto esperado de delinquir rebasa el que podría obtener en cualquier actividad alternativa (los delincuentes toman en cuenta también el costo de oportunidad). El beneficio neto es el ingreso ó la satisfacción derivados del delito menos el costo de ser aprehendido, expresado en términos de una multa ó la reclusión de una cárcel.

De acuerdo al análisis económico de la criminalidad, el número de delitos aumenta entre menor es la probabilidad de que el delincuente sea capturado, entre menor sea la pena si se le captura y entre menor sea el ingreso en cualquier actividad legal respecto de la ilegal.

La útil conclusión del análisis económico es que la delincuencia se debe en buena medida a su atractivo económico relativo y confirma por qué los países exitosos en su combate han sido aquellos que han implantado acciones para hacerla menos rentable, mediante el aumento significativo en la probabilidad de la aprehensión y castigo de los criminales.

Lo lamentable en México es que por un lado, la economía mexicana está entrampada en numerosas regulaciones burocráticas, numerosos trámites para crear una empresa, monopolios gubernamentales ineficientes, precios mentirosos y una multitud de trámites discrecionales que incentivan la corrupción de los funcionarios. Esta situación inhibe el crecimiento económico y, lo peor, mantiene el atractivo económico de las actividades ilegales, pues ser legal “cuesta” mucho.

Si a esta situación agregamos el diseño ineficiente, ineficaz y discrecional de muchas leyes que supuestamente existen para castigar a los delincuentes, tenemos el paraíso de la impunidad. Por ejemplo, es increíble y causa impotencia la facilidad con que en el Distrito Federal se prelibera a docenas de secuestradores.

No hay de otra, y el análisis de Becker es contundente, el crimen no se combate con buenos deseos (ó cumbres), sino con leyes claras y transparentes, que reduzcan el poder discrecional de jueces y sobre todo, con instituciones jurídicas que reduzcan el atractivo económico de delinquir y que aumenten por tanto la probabilidad de aprehensión como de castigo de los criminales.

Es de vital importancia exigir a los políticos que gasten bien, que le den prioridad a la protección de las personas y que abatan los costos de transacción de las empresas. En estos asuntos los ciudadanos sí jugamos un rol indispensable.

Tenemos que presionar para que haya candados contra el populismo irresponsable. No debemos de tolerar a gobiernos que siguen gastando en pan y circo. Si queremos una atmósfera de paz y ausencia de crimen, será necesario no tolerar los dispendios populistas. Ya en el DF estamos sufriendo la pésima asignación de los recursos públicos y la mala, malísima impartición de justicia.

No basta con marchas, hay que hacer propuestas e insisto, exigir candados y en su caso castigar a los gobiernos que derrochan los recursos escasos del contribuyente. Si no actuamos, entonces la pasividad de los ciudadanos será el combustible para que populismo, narcotráfico y delincuencia convivan y sean el pan de cada día.