Grand Rapids, Michigan (AIPE)- Luego de ásperos debates, los ecuatorianos votarán en un referendo, programado para el 28 de septiembre, para aprobar una gigantesca nueva constitución de 444 artículos que le permitiría al presidente Rafael Correa rediseñar el país bajo su visión socialista.

En lugar de proteger las libertades civiles, religiosas y económicas, la constitución propuesta lograría todo lo opuesto. Muchas de sus cláusulas reducen la libertad de empresa y el libre intercambio, tanto en teoría como en la práctica. Declara, por ejemplo, que la economía ecuatoriana será “social y solidaria”, lo cual significa dar prioridad absoluta a las empresas estatales.

La constitución garantiza el bienestar  de todos los ecuatorianos, pero no explica cómo se logrará en un país donde el 39% de la población vive en la miseria. Gobiernos populistas de derecha y de izquierda tratan de alcanzar esa meta manipulando la oferta de dinero e ignorando las consecuencias inflacionarias y esto lo permitirá la nueva constitución al cederle al presidente el total control del Banco Central.

Tales medidas, según Correa, evitarán el “neoliberalismo” y como sucede en otros países bajo gobiernos izquierdistas, la principal oposición proviene de la Iglesia Católica. Aunque los obispos ecuatorianos no apoyan ningún modelo económico en particular, están muy preocupados por una constitución que abre las puertas a ataques directos contra la vida humana, el matrimonio y el derecho de los padres de educar a sus hijos como mejor les parezca.

Los obispos critican la constitución por ser la conexión al estatismo y al hablar de derechos, “muchos de esos derechos derivan del estado, violando la creatividad  y la responsabilidad de la gente”. Para los obispos, el estado simplemente reconoce los derechos humanos, no los crea.

Esta posición de la Iglesia hizo que surgiera nuevamente el antiguo anticlericalismo de la izquierda más de acuerdo con la teología de la liberación que con la doctrina ortodoxa de la Iglesia.

Hasta hace poco, Correa decía que él era el único líder izquierdista latinoamericano con buenas relaciones con la Iglesia Católica, pero ya no es así. Al igual que su amigo Hugo Chávez en Venezuela, Correa ahora insulta públicamente a la Iglesia, acusándola de querer mantener al pueblo ecuatoriano “en la oscuridad”.

Correa hasta acusó a los obispos de darle “una cuchillada en la espalda” al cuestionar la nueva constitución. Pero nada de esto puede parecer extraño de parte de alguien que mantiene que la dictadura comunista en Cuba es una “democracia”.

El arzobispo Antonio Arregui de Guayaquil ha recibido amenazas de muerte y se intenta llevarlo a juicio, sobre la base de que sus críticas a la nueva constitución violan el acuerdo de Ecuador de 1937 con el Vaticano, bajo el cual el clero debe abstenerse de intervenir en la política. En respuesta, los obispos aclaran que ese mismo acuerdo reconoce la libertad del clero de defender públicamente la doctrina cristiana y la moralidad.

La publicidad gubernamental en la televisión ataca día tras día a los obispos católicos por cuestionar la constitución propuesta. Iglesias y la eucaristía han sido profanadas. Es decir que Correa actualmente adelanta una campaña de intimidación similar a la de Chávez.

El llamado socialismo del siglo XXI reconoce que tiene que cercenar dramáticamente la libertad de religión y la libertad económica para poder lograr sus objetivos. Se trata de un importante y oportuno recordatorio de que la libertad es indivisible.

___* Director de investigaciones del Acton Institute.

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