La administración Morales, la misma que pese a prometer “un gobierno sin muertos” ya lleva en sus manos la sangre de demasiadas personas, ha seguido haciendo oídos sordos a los pedidos de diálogo, ha ignorado las autonomías departamentales, ha intentado imponer una vez más su Constitución Política del Estado (CPE), ha incumplido con la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y ha desilusionado a buena parte de la gente con los recientes cambios efectuados en su gabinete de ministros. Por los motivos enumerados, miles de ciudadanos bolivianos, hartos de la dramática situación que atraviesa el país, han salido a las calles de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, a expresar su descontento. El gobierno por su parte, se ha limitado a enviarles a las fuerzas armadas y policiales con el objeto de reprimirlos.

En Santa Cruz, la gente manifestó su insatisfacción “armada” de vinagre, barbijos, pañuelos, agua, piedras, palos y hondas, con el objeto de combatir los gases lacrimógenos y la represión violenta del oficialismo, al tiempo que repicaban las campanas de la catedral local. Pero pese a la violencia aplicada por las fuerzas militares y policiales que responden a los caprichos del poder ejecutivo, los lugareños han logrado tomar valientemente el control de una buena cantidad de instituciones gubernamentales, ONGs que trabajan para el MAS y algunos medios de comunicación oficialistas. La jornada culminó con la custodia de los aeropuertos Viru Viru y El Trompillo, con el objeto de evitar una mayor militarización, y con la entrega a las autoridades locales de los fusiles lanzagranadas, cascos y escudos arrebatados a los militares, que superados ampliamente por el pueblo de Santa Cruz, decidieron huir de la zona.

En Tarija se repitió una escena similar a la descripta. Pero además, la autoridad departamental ordenó cerrar las válvulas de gas de la compañía Transierra, que bombea gas natural a Brasil y Argentina. La sociedad civil chapaca logró también tomar el control de múltiples instituciones gubernamentales. En el Beni, los locales ocuparon los aeropuertos, como medida preventiva ante una militarización inminente.

En Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca, las familias deben enfrentar la escasez de gas natural y los problemas esporádicos del servicio de telefonía celular. Los distintos bancos, colegios y negocios, se encuentran cerrados por cuestiones de seguridad.

Morales ha descartado la posibilidad de declarar estado de sitio, ha decretado el bloqueo de las distintas regiones que conforman la medialuna y ha ordenado el retiro inmediato de Bolivia a Philip Goldberg, embajador de los Estados Unidos de América, acusándolo de conspirar contra la democracia local. Esta injustificada decisión presidencial ha provocado que los Estados Unidos, aplicando una política de reciprocidad y en base a lo establecido por la Convención de Viena, decidan la expulsión de Mario Gustavo Guzmán Saldaña, embajador de Bolivia en Washington DC.

Hugo Chávez, Daniel Ortega, Luis Ignacio Da Silva y José Miguel Insulza han salido en diversos medios internacionales a manifestar su apoyo incondicional a Morales, su socio y aliado ideológico en materia de socialismo del siglo XXI, minimizando su responsabilidad y echándole la culpa una vez más a la oligarquía boliviana y a la “perversa influencia” de la embajada de los Estados Unidos.

En lugar de aceptar sus errores y sentarse a dialogar, de apoyar el debate constructivo por el bien de Bolivia toda, nos han venido con el mismo discurso de siempre. De lo que no hay dudas, es que el pasado 9 de septiembre, la sociedad civil boliviana ha dado el primer paso para la recuperación de su libertad. El contexto regional no parece ser el más favorable, pero el creciente arribo de venezolanos, cubanos y armamento de todo tipo a Bolivia, indican que no tiene sentido dejar que siga pasando el tiempo. Como reza la conocida máxima de Edmund Burke “para que el mal triunfe, sólo hace falta que los hombres buenos no hagan nada al respecto”.