La semana pasada señalé tres elementos que son trabas para que la economía mexicana crezca a tasas más elevadas: la debilidad del estado de derecho entendido como una ineficiente definición de los derechos privados de propiedad y una muy deficiente protección de estos derechos, una regulación de los mercados ineficiente y excesiva que aumenta los costos de transacción y genera una alta incidencia de corrupción y la existencia de prácticas monopólicas gubernamentales y privadas. En este artículo trataré otros tres elementos que son barreras al crecimiento: el sistema tributario, la ineficiencia del gasto gubernamental y un sistema dual de seguridad social.

Respecto del sistema tributario, tal como están diseñados y aplicados los diferentes impuestos, particularmente el ISR y el IVA, generan incentivos perversos sobre el trabajo, el ahorro y la inversión. Una estructura rápidamente creciente de las tasas del impuesto sobre la renta a las personas físicas generan un desincentivo al trabajo y al ahorro y en consecuencia a la inversión, mismo que se agrava al no tener un IVA homogéneo; además, se generan significativas distorsiones de los precios relativos que deriva en una asignación ineficiente de los recursos en la economía. La introducción del IETU y la eventual desaparición del ISR a las empresas es un paso en la dirección correcta, pero falta aun reducir las tasas marginales del ISR a las personas físicas y homogeneizar el IVA para que el sistema tributario deje de ser una traba al crecimiento económico.

En cuanto al gasto gubernamental, sea el que ejerce directamente el gobierno federal o el que ejercen los gobiernos estatales y municipales, tiene como característica esencial la ineficiencia en su aplicación. El sector público mexicano gasta mucho y gasta mal, no solo porque la mayor parte del presupuesto se destina al gasto corriente, particularmente sueldos, salarios y pensiones, sino también porque para la mayor parte del gasto público la rentabilidad social que se obtiene es negativa, es decir, ni siquiera se cubre el costo de oportunidad de los fondos públicos. Rentabilidad social negativa, junto con el desplazamiento que el gasto gubernamental hace del gasto privado, deriva en que el gobierno lo que efectivamente está haciendo con parte de su gasto es destruir una fracción de la riqueza nacional y, consecuentemente, inhibir el crecimiento económico.

Respecto del tercero, como bien señala Santiago Levy en su libro Good Intentions, Bad Outcomes, la existencia de un sistema dual de seguridad social (IMSS e ISSSTE junto con el seguro popular) deriva en que si uno de los miembros de la familia ya cuenta con el seguro médico del IMSS o ISSSTE, los demás miembros de la familia tienen el incentivo para emplearse en el sector ilegal de la economía, ya que de esta manera tanto el empleador como el empleado ganan al repartirse entre ellos lo que hubieran tendido que pagar de cuotas al IMSS o al ISSSTE. Este sector, por su naturaleza, opera con muy pequeñas empresas para reducir la probabilidad de que sean detectadas operando en la ilegalidad, por lo que no generan economías a escala en la producción y utilizan tecnologías obsoletas, lo que deriva en una muy baja productividad de los factores de la producción. Por lo mismo, es necesario desparecer al IMSS y al ISSSTE y moverse hacia un sistema de seguridad universal financiado con la recaudación general de impuestos.