La tarea esencial del gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es doble: garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia en su doble vertiente: castigar al criminal y resarcir a la víctima. Financiar la realización más honesta y eficaz posible de esta doble tarea es la que justifica que los gobernantes obliguen a los gobernados a entregar parte del producto de su trabajo, que eso, obligar a que el contribuyente entregue parte del fruto de su esfuerzo laboral, es cobrar impuestos.

El problema, tanto para gobernantes como para gobernados, es que el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad, e impartir justicia, para todos y todo el tiempo. Ni siquiera el gobierno más honesto y eficaz es capaz de garantizarle a todos sus gobernados, y de hacerlo todo el tiempo, que no serán víctimas de la delincuencia y que, si llegan a serlo, el delincuente será castigado y la víctima resarcida. No ha existido, no existe, y no existirá, tal gobierno, lo cual quiere decir que todo gobierno, en mayor o menor medida (y el reto es que sea en la menor medida posible), fracasa, fracaso que, cuando lo es frente a un contribuyente cumplido, plantea el dilema ético de cómo justificar ante ese contribuyente el cobro de impuestos.

Es más, la doble tarea esencial del gobierno - garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia – parte del reconocimiento de que, en mayor o menor medida, el gobierno fracasa en la primera, razón por la cual debe pasar a la segunda. Si el gobierno fuera cien por ciento eficaz a la hora de garantizar la seguridad contra la delincuencia no tendría la obligación, ni de castigar al delincuente, ni de resarcir a la víctima del delito, ¡ya que no habría delitos! En pocas palabras: no tendría necesidad de impartir justicia. Insisto: la doble tarea del gobierno parte del reconocimiento de que el gobierno no siempre cumple con la primera.

Pasemos de la tarea del gobierno a los derechos de las personas, que son a la vida, la libertad y la propiedad, derechos en contra de los cuales se puede delinquir matando, secuestrando, robando, etc. El derecho de la persona a la vida, la libertad y la propiedad supone, ¡obviamente!, el derecho a defenderlas contra las agresiones de los delincuentes. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad quiere decir derecho a defenderlas, y derecho a defenderlas quiere decir contar los medios para hacerlo. Medios, ¿cuáles? Muy sencillo: el gobierno, cuya tarea esencial (la más esencial de las dos) es garantizar la seguridad de los gobernados contra la delincuencia. De acuerdo, esa es su tarea, pero no hay que olvidar el problema: el gobierno es incapaz de garantizar la vida, la libertad y la propiedad, de todos, todo el tiempo, siendo que, la gran mayoría de las veces, la defensa de esos derechos es responsabilidad, no del gobierno, sino del gobernado, gobernado que requiere contar con los medios necesarios para cumplirla a cabalidad, cumplimiento del cual depende su vida, libertad y propiedad.

Si el derecho del ser humano a la vida, la libertad y la propiedad supone el derecho a defenderlas, entonces la persona debe contar con los medios necesarios para, dadas las fallas del gobierno en la materia, defenderlas de manera apropiada. ¿Y cuáles son esos medios? En primer lugar las medidas de seguridad que dicta la prudencia, medidas que podrán ser muy eficaces, pero nunca cien por ciento eficaces. Entonces, ante la ineficacia de las medidas más eficaces en materia de seguridad, ¿qué queda? Las armas.

El derecho del ser humano a la vida, la libertad y la propiedad supone el derecho a portar armas, y gobierno que le prohíbe a sus gobernados portarlas comete un abuso de poder con serias repercusiones éticas, sobre todo cuando la delincuencia está bien armada.