A lo largo de la historia, un fenómeno que ha sido recurrente es que de vez en vez alguna economía experimenta una crisis. Estas, con todos los costos que implican como son la contracción de la actividad económica y la pérdida de empleo son, sin embargo, la oportunidad para que la economía se limpie y desparezca aquello que ya no debe existir, particularmente empresas que son ineficientes y/o que utilizan tecnologías obsoletas de producción. Una crisis como la que estamos experimentando en la actualidad permite quitar de la economía el “exceso de grasa” que se va acumulando durante los años en los cuales el ciclo económico estuvo en su parte creciente, normalmente como resultado de la relativa abundancia de crédito y/o de gasto gubernamental. Quitar esa grasa implica que cuando la crisis termina y la economía sale de la parte decreciente del ciclo, ésta será mucho más ligera y con una asignación más eficiente de recursos escasos proceso sujeto, naturalmente, a que el arreglo institucional permita que la limpia se realice rápida y eficientemente, lo que derivaría en que al finalizar la crisis la economía sea relativamente más fuerte.

Dado que cualquier crisis implica la desaparición de algunas empresas así como los empleos que estas empresas habían contratado, es crucial que el ajuste se realice al menor costo posible. Esto implica que el marco institucional, particularmente en lo que toca al marco legal y su aplicación, permita que la reasignación de recursos hacia aquellos sectores que se expandirán relativamente al entrar la economía nuevamente en un ciclo creciente se haga de una forma rápida y eficiente, no solamente porque con ello se reducen los costos de reasignar tanto el capital como la mano de obra, sino también porque esto permite que el periodo de contracción y su profundidad sean menores.

Hay en el marco legal dos disposiciones que son relevantes cuando hablamos de que el proceso de limpia de una economía se logre de manera eficiente: la legislación de quiebras y la legislación laboral. Si en una economía estos dos cuerpos legales permiten que cuando una empresa quiebre los activos de la misma sean asignados eficiente y rápidamente entre los acreedores y permite que el capital de la empresa que quebró se reasigne rápidamente hacia otros sectores de actividad económica y que los costos de liquidación de la mano de obra sean relativamente bajos, entonces los costos en lo que incurre la economía serán relativamente bajos.

En México tenemos exactamente lo que no se requiere para que la limpia sea rápida, eficiente y barata. Por una parte la legislación laboral establece exorbitantes liquidaciones por despido, inclusive cuando una empresa quiebra y, por otra parte, aunque la Ley de Concursos  Mercantiles esté eficientemente diseñada, el proceso de concurso mercantil y de quiebra es notoriamente lento, ineficiente y por lo mismo muy costoso. Estos dos elementos de ineficiencia institucional hacen que cada vez que la economía mexicana entra en un proceso de desaceleración, los costos de limpiarla y de reasignar los recursos sean relativamente elevados.

El papel del gobierno hacer más eficiente la limpia de la economía y no es papel del gobierno rescatar empresas que deberían quebrar ya que esto evita la limpia y la modernización de la economía.