En el artículo de la semana pasada mencioné que en estas épocas de inestabilidad y de caída en los niveles de producción y empleo existía el peligro de que aparecieran propuestas de política económica que, de implementarse, nos llevarían a un estado peor. Mencioné tres en particular: a) quitarle al Banco de México su independencia y autonomía en el manejo de la política monetaria; b) aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional; y, c) controlar los precios de diferentes bienes. Dicho y hecho, ya se dieron las dos primeras.

Al final de la semana pasada, sin entender de qué se trata como ya es su costumbre, unos legisladores del PRD propusieron una reforma al artículo 28 constitucional y a la Ley Orgánica del Banco de México para establecer de manera explícita la obligación del banco central para coordinarse con la Secretaría de Hacienda. La propuesta legislativa, sin mencionar explícitamente que se le quitaría al Banco de México su autonomía, sí es claro que esa es la intención. Los legisladores del PRD claramente no entienden absolutamente nada de política monetaria y al parecer creen que el Banco de México cuando toma decisiones en esta materia, particularmente en lo que respecta al nivel de la tasa de interés de fondeo, lo hace como si estuviese aislado del resto de la política económica, en particular como si no tomase en cuenta las decisiones de demanda de recursos financieros por parte del gobierno. Claramente esto no es así, ya que en todo momento existe una coordinación entre la política financiera y fiscal del gobierno con la política monetaria, sin que esto implique que el Banco de México no diseñe su política con el objetivo de cumplir su mandato constitucional de procurar la estabilidad de precios. Quitarle al banco central su autonomía acarrea el grave peligro de volvernos a meter en una trayectoria de inestabilidad creciente en donde todos perdemos, por lo que la propuesta tiene que ser desechada.

En cuanto al proteccionismo, esta semana los dirigentes de CANACINTRA y CONCAMIN explícitamente exigieron que el gobierno no solamente no reduzca los aranceles a las importaciones provenientes de países con los cuales no hay un acuerdo de libre comercio sino, peor aun, demandaron que estos aranceles se incrementen, argumentando que si se bajasen los aranceles se perderían empleos, lo cual no tiene sustento. De entrada, el aumento de casi 25% que ha experimentado el tipo de cambio ha incrementado, efectivamente, la protección efectiva de todas las importaciones, por lo que aumentar los aranceles reduciría todavía más la competitividad de todas aquellas empresas que utilizan insumos importados; si se eliminasen los aranceles que aun quedan para aquellas empresas exportadoras, su competitividad aumentaría, generándose un efecto positivo sobre la producción y el empleo. Por lo mismo, la Secretaría de Economía tiene que eliminar los aranceles que aun existen y hacer caso omiso de la exigencia de los dueños de empresas que sólo quieren aumentar sus utilidades a costa del bienestar de los consumidores, es decir todos nosotros.

Y a ver qué nuevas estúpidas propuestas siguen surgiendo.