Como lo afirmó alguna vez en este espacio el profesor Isaac Katz, cada vez que legisla el Congreso, se ponen en serio peligro tanto los derechos de propiedad como las libertades más esenciales de los ciudadanos.

Con plena impotencia vemos cómo cada vez que se ponen de acuerdo en las comisiones, terminan luego por aparecer leyes, normas y reglamentos que violan plenamente nuestras libertades.

Que si no circulan los autos los sábados, que si nos imponen al Estado asesino -vía la pena de muerte-, que si se prohíben spots en los medios de los particulares que “ofendan” a los políticos, que si nos imponen un precio único por comprar libros, que si nos imponen control de precios, que si se aprueba una ley que expropia propiedades a los delincuentes (esta ley atenta abiertamente contra la propiedad de los particulares, lo de menos son los delincuentes), que si no puedo consumir esto ó aquello, que si de mis impuestos se subsidia a fulano ó a zutano, que si me prohíben ó me encarecen consumir mercancía importada, que si tengo que usar casco y cinturón de seguridad, que si para operar un negocio debo pedirle permiso al gobierno ó terminan por clausurarme con toda la impunidad como se hace en el DF, que si debo soportar más y más cargas impositivas, que si tengo máximo una determinada hora para asistir a un centro nocturno, que si esto, que si lo otro, puras y puras prohibiciones arbitrarias que nada tienen que ver con leyes que garanticen la convivencia pacífica y el respeto a los contratos en el intercambio entre los particulares.

Los cierto es que el Estado mexicano al quererla hacer de hada madrina ó ángel de la guarda (como lo señala con toda oportunidad el profesor Arturo Damm), termina por aplastar la libertad de existir y elegir de los ciudadanos.

En este contexto de crisis financiera y recesión mundial surge una oportunidad de oro para nuestros congresistas patrioteros, ignorantes y antilibertarios (con sus honrosas excepciones) para violar libertades como las arriba señaladas. Enemigos de la libertad que buscan agredir el libre intercambio entre las familias y las empresas. Para muestra un botón, la semana pasada se aprobó un cambio a la Ley de Transparencia y Ordenamientos Financieros que dizque busca dar claridad en la información del sistema financiero, en especial en los bancos comerciales. Que no nos engañen, esto no es más que pura regulacionitis amigo lector.

Al parecer en esta ocasión no se pudo imponer el sueño de los estatistas, el de imponer precios máximos en servicios y comisiones que cobran los bancos, pero van directito hacia ese camino. Gravemente sí impusieron el control del pago mínimo de crédito que dejan en manos de la burocracia del banco central, lo que daría al traste con miles de deudores (sobre todo por la terquedad de imponer una tasa mínima de 30%). Asimismo la iniciativa aprobada prohíbe cobrar cualquier comisión por concepto de sobregiro, ó intento de sobregiro en crédito (esto viola gravemente el costo de oportunidad de los bancos), préstamos ó financiamiento revolvente asociados a una tarjeta; esto también aplicaría a créditos personales de liquidez sin garantía real. Finalmente, la iniciativa plantea que el banco no amplíe la línea de crédito de una tarjeta sin previa autorización del cliente.

No dudo que hay cosas que mejorar en materia de regulación financiera, pero eso no significa que haya que tratar como niños a deudores y bancos. Lamentablemente, el hecho de que el banco central sea el “aval de última instancia” del sistema bancario no ayuda en mucho a reducir el riesgo moral en que incurren los bancos al otorgar créditos con alto riesgo de incumplimiento de pago. Mucho se avanzaría no sobreregulando, sino mejorando los derechos de propiedad de deudores y acreedores.

Por lo pronto estas nuevas reglas sólo encarecerán las operaciones de los bancos. Los políticos no entienden nada de economía financiera básica. No entienden que un precio como el costo anual total (CAT) es más alto en México que en los países de origen de los bancos extranjeros por la simple y sencilla razón de que los costos regulatorios son más caros en México (montañas de circulares a cumplir con Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Secretaría de Hacienda y ahora, con el cambio en la ley, hasta con la Condusef), por la simple y sencilla razón de que los derechos de propiedad de los acreedores son muy frágiles, por la simple y sencilla razón de que en México las barreras a la entrada al negocio bancario son muy costosas cuando no prohibitivas.

No se entiende que para que un mercado funcione eficazmente, la competencia y un marco jurídico eficiente, que haga cumplir los derechos de propiedad entre las partes que intercambian, que haga cumplir los contratos, son cruciales para que haya calidad y precios bajos al consumidor. Y ello aplica al mercado bancario.

Al paso que vamos, a ver si no terminamos nuevamente en la época del encaje legal, de “cajones selectivos de crédito” y tasas de interés fijadas por la autoridad. No me cabe la menor duda de que algunos de los legisladores añoran la época de la banca estatizada. Qué peligro.

¿Qué sigue en esta rapaz carrera de regulacionitis? Indudable, el mercado de valores y las afores. Ya los legisladores les tienen el ojo puesto y la salida no será mejorar el marco jurídico que aumente la competencia, sino más regulacionitis, de esa que equivale a violar nuestras libertades más esenciales.