Todo México se ha mostrado horrorizado por el asesinato del joven de 18 años Guillermo Martínez por un guardia fronterizo de Estados Unidos el 30 de diciembre. Y hay buenas razones para estarlo.

La pena de muerte, para empezar, parece un castigo excesivo por una falta como la migración ilegal. El guardia fronterizo que disparó, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente, afirma que Martínez lo agredió con piedras, pero la herida que mató al joven entró por la espalda. El disparo, por otra parte, fue hecho con una bala expansiva, las cuales están prohibidas incluso en caso de guerra. Y el responsable del asesinato sigue trabajando en la Patrulla Fronteriza mientras se hace una investigación sobre los hechos.

El caso de Martínez ha enfatizado el rechazo del gobierno y los legisladores mexicanos a la iniciativa Sensenbrenner aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que haría de la inmigración ilegal un delito grave y que ampliaría el muro entre los dos países que actualmente ya existe en algunos puntos de la frontera.

Los críticos mexicanos de esta iniciativa tienen razón cuando señalan que el aumento en las restricciones migratorias no resolvería el problema de la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Hay razones de mercado muy poderosas que promueven el flujo migratorio de México a la Unión Americana. En Estados Unidos se necesita mano de obra y los trabajadores mexicanos están deseosos de llenar esa demanda.

Los políticos mexicanos han tratado de presentar al gobierno y a los legisladores de los Estados Unidos como los grandes villanos en todo el drama migratorio. Pero es preciso reconocer que la mayor responsabilidad es de nuestros políticos.

Independientemente de la necesidad que tiene la economía estadounidense de mano de obra barata, los trabajadores mexicanos se ven obligados a abandonar nuestro país por la falta de una política económica que genere empleos bien pagados en México. Esto no es culpa de nadie en los Estados Unidos sino de nuestros políticos y legisladores que se han negado a hacer las reformas de fondo que nos permitirían tener una economía más competitiva.

Los políticos mexicanos no pueden decir que es imposible lograr que una economía pobre crezca y genere empleos mejor pagados en un periodo relativamente breve. Ahí están Corea del Sur, Taiwán, España, Irlanda y Chile como ejemplo de lo que se puede lograr. México podría hacer lo mismo, pero necesitamos cambiar las leyes que dificultan la inversión productiva en nuestro país.

Es correcto que nuestro gobierno proteste por el uso excesivo de la fuerza en contra de nuestros trabajadores ilegales. Pero que nuestros políticos no evadan su responsabilidad. Ellos podrían hacer que nuestra economía fuera más competitiva y generara más empleos con lo cual evitarían la necesidad de los trabajadores de buscar empleo fuera del país. Pero hasta el momento simplemente no lo han querido hacer.