La calidad de vida en la Ciudad de México ha experimentado en los últimos años un continuo deterioro. Ya no se habla de los índices de contaminación ambiental porque no es políticamente rentable señalar que vivimos en una de las ciudades más contaminadas del mundo; la congestión vehicular es cada día peor porque el gobierno ha decidido darle prioridad a los automovilistas en lugar de privilegiar un eficiente sistema de transporte público; el agua potable se está acabando por la irracional política de fijación de precios que incentiva el derroche y no permite generar los ingresos para mantener y ampliar la cadena del agua (traslado, potabilización, distribución, drenaje y tratamiento de aguas residuales); las calles de la ciudad están llenas de basura porque, exceptuando algunas colonias, no existen basureros en las calles; los expendedores de alimentos en puestos callejeros se han apoderado de prácticamente toda la ciudad, con los graves problemas de salud pública que esto genera; persiste la apropiación privada de la vía pública por parte de vendedores ambulantes de los “viene – viene” y otros; para las empresas, la carga burocrática derivada de la infinidad de licencias y permisos, con la consecuente corrupción de los funcionarios públicos, es de las más gravosas de todas las entidades federativas.

Todos estos problemas, que agobian a los habitantes de la ciudad y de quienes vienen a trabajar aquí empequeñecen frente a la inseguridad pública a la que nos enfrentamos. Mientras en los estados del norte del país la principal fuente de violencia e inseguridad se deriva de la guerra que el Estado mexicano ha emprendido en contra el narcotráfico y de la consecuente guerra entre los propios carteles, en el Distrito Federal, sin dejar de reconocer que también hay problemas similares, la inseguridad que enfrentamos proviene mayoritariamente de la delincuencia “común y corriente”. Robos, asaltos, secuestros express, chantajes telefónicos, asesinatos, etcétera son el pan de cada día. El gobierno local ha mostrado su incapacidad o peor aun su falta de voluntad para ofrecerle a sus habitantes el bien público que justifica su existencia: la seguridad de las personas y de sus pertenencias. Esta falla gubernamental, de por sí grave, se convierte en agravio, un insulto, cuando son los propios miembros de los cuerpos de seguridad pública los que cometen o permiten, en muchos de los casos, estos actos delictivos.

Los miembros de una sociedad están dispuestos a pagar impuestos para que sea el gobierno quién los provea de seguridad pública, bien indispensable para que una economía funcione. Si el gobierno falla en esta función, los costos privados y sociales de que cada quién, como agente privado, asuma su propia seguridad hace que los costos de transacción se incrementen significativamente, con el efecto negativo que ello implica sobre el nivel de actividad económica y el bienestar de la población.

Se acercan las elecciones y será el momento de castigar al gobierno y su partido con el voto ciudadano. Los habitantes del D. F., los que pagamos impuestos, merecemos una mejor ciudad.