¿Bueno, con quién hablo…?

En estas fechas, en nuestro país, uno puede estar hablando con todo un tropel de gente. Si no, pregúntele usted al secretario de comunicaciones y transportes, Luis Téllez, cuyas conversaciones se han convertido en la comidilla del medio político en las últimas semanas.

La verdad es que el espionaje telefónico se ha convertido desde hace años en una práctica habitual en nuestro país. Personajes de todos los partidos han sido ventaneados en un momento u otro en sus pláticas por vía telefónica.

¿Se acuerda usted de la maestra Elba Esther Gordillo a quien se exhibió hablando con gobernadores priistas el 2 de julio del 2006 para pedirles apoyo para el candidato presidencial del PAN Felipe Calderón? ¿O de Alejandra Barrales, cuando organizaba por vía telefónica con Alejandro Encinas, entonces secretario de gobierno del Distrito Federal, una toma de tribuna de la Cámara de Diputados?

Uno podría pensar que los políticos habrían aprendido, pero no es así. Ahí está el caso de Téllez. Quizá poco importe que en privado especule acerca del manejo de su ex jefe, Carlos Salinas de Gortari, de la partida secreta. Pero denigrar e insultar a miembros de todos los equipos políticos por vía telefónica puede costarle caro.

El secretario Téllez está siendo, al parecer, objeto de un chantaje de algún grupo que quiere que renuncie a su cargo como secretario de comunicaciones. Esto es algo, evidentemente, que no puede aceptar ningún gobierno. Está acusando también a Purificación Carpinteyro, quien renunció a la subsecretaría de comunicaciones por diferencias irreconciliables con el secretario, de haber sido la responsable de grabar y extorsionar al secretario. La ex funcionaria afirma que las grabaciones que ella tuvo le fueron entregadas por el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y que a su vez ella las entregó al secretario de gobernación por instrucciones del propio presidente de la república. Osuna dice que él las recibió de forma anónima.

No me parece correcto que el secretario Téllez, o cualquier otra persona, sea objeto de un chantaje. Sería muy peligroso para el gobierno mexicano permitir este tipo de presiones a los miembros del gabinete. Pero inquietan algunas de las informaciones que surgen de esas conversaciones. No me refiero, por supuesto, a las opiniones personales sobre el manejo de la partida secreta, como se señala en las grabaciones de Diana Pando, sino a otras dadas a conocer posteriormente que muestran, por ejemplo, a Téllez dando instrucciones a comisionados de la Cofetel como si fueran sus empleados en lugar de miembros de un organismo autónomo o las que muestran aparentes esfuerzos del secretario por presionar a la Cofetel para que tome una posición en un caso judicial.

Son estos los puntos que deben conocerse mejor. Tanto la SCT como la Cofetel deben actuar con total transparencia en el pleito sobre interconexiones telefónicas que está al parecer en el fondo del escándalo de las grabaciones. Es lógico que pueda haber diferencias entre las dos instituciones, o entre la SCT y los comisionados que no están colaborando activamente con la SCT. Por eso precisamente se buscó tener un regulador autónomo en materia de telecomunicaciones. Pero dadas las enormes cantidades de dinero que se manejan en estos temas, es muy importante que las dos instituciones expliquen con claridad a los ciudadanos los detalles del conflicto que se está desarrollando detrás de los chismes.

Pero a veces parece que la única manera de lograr la transparencia que se requiere es hacer una llamada telefónica para que alguien la grabe y la difunda.

¿Bueno? ¿Ya se cortó…?