Terminé la primera entrega de esta serie preguntando, uno, ¿qué señal se mandaría a los capitalistas, inversionistas en potencia, si, previo cambio al 28 constitucional, se gubernamentalizara la banca? Dos, ¿cuál sería el efecto de tal violación a la propiedad privada y a la libertad individual?, y, tres, ¿cuáles serían las consecuencias de tal abuso de poder, basado en el positivismo jurídico?

Positivismo jurídico, ¿en qué consiste? En la creencia de que es justo todo lo que el legislador define como justo, de tal manera que la justicia es resultado de la voluntad del legislador, y por lo tanto de la ley por él redactada y promulgada. El resultado del positivismo jurídico es que los seres humanos terminamos gobernados por hombres, los legisladores, quienes deciden qué es, y qué no es, justo, como si la justicia no existiera al margen de la voluntad del legislador.

Lo contrario del positivismo jurídico es el iusnaturalismo, que reconoce que hay derechos naturales, anteriores y superiores a las leyes redactadas y promulgadas por los legisladores, leyes que tienen como única tarea reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente dichos derechos, que son tres: a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Usted lector, ¿es libre porque está en su naturaleza serlo, siendo la tarea de las leyes reconocer y garantizar su libertad (iusnaturalismo), o es libre porque las leyes, y por lo tanto quienes las redactaron y promulgaron, le concedieron dicha libertad (positivismo jurídico)?

¿Y qué tiene que ver el positivismo jurídico con la propuesta de Monreal y compañía a favor de la gubernamentalización? Mucho, ya que el primer paso de la propuesta  consiste en modificar el artículo 28 constitucional para añadirle un párrafo que diga lo siguiente: “No constituyen monopolios los servicios de banca y crédito que el Estado preste de manera exclusiva…” ¿Por qué, para gubernamentalizar la banca, hay que agregarle al 28 constitucional tal párrafo? Porque el mentado artículo comienza afirmando que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas…” y todo lo que se les parezca, lo cual, ¡obviamente!, lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo explicar, para empezar, la existencia de PEMEX y CFE, monopolios por demás conspicuos? Muy sencillo, afirmando, como se hace en el párrafo cuarto del mentado artículo, que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las (…) áreas estratégicas…”, entre las cuales están el petróleo y la electricidad, y entre las cuales Monreal y compañía pretenden que se incluya a la banca, todo lo cual es muestra del más ramplón positivismo jurídico: basta y sobra que la ley diga que PEMEX y CFE, y lo que se vaya acumulando en manos del gobierno, no son monopolios, para que no lo sean, y para que, entonces, la participación exclusiva del gobierno en ciertas actividades no viole lo que establece el primer párrafo del 28 constitucional, en el sentido de que en México están prohibidos los monopolios.

Más allá de lo que dice el párrafo cuarto del 28 constitucional, PEMEX y CFE, ¿son monopolios? Y si la banca se gubernamentalizara, ¿sería monopolio? La respuesta a ambas preguntas, por si hubiera duda, es un rotundo sí.

Más allá de los desatinos que, desde el punto de vista económico, supone la propuesta a favor de la gubernamentalización de la banca, está la arrogancia del positivismo jurídico, encarnado en este caso en la persona de Monreal, de ir en contra de la realidad y afirmar que, si la banca se gubernamentalizara, no sería un monopolio del gobierno. ¡En manos de quienes estamos! ¿Quienes son los encargados de redactar y promulgar las leyes?