En economía, lo que a primera vista parece correcto, al paso de la segunda mirada, y por lo tanto bien considerado el asunto, resulta un despropósito. Dos botones de muestra los tenemos, uno, en las declaraciones del senador Carlos Navarrete, perredista, en contra de la negativa de la CONDUSEF para avalar la imposición de un tope a las tasas de interés de tarjetas de crédito y, dos, la reacción de Gerardo Ruiz Mateos, secretario de economía, a las medidas proteccionistas que, en materia de transporte, ha impuesto el gobierno estadounidense. 

Navarrete ha dicho, en más de una ocasión, que la tarea de la CONDUSEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, es la de proteger y defender a los tarjetahabientes en contra de los abusos de los banqueros, razón por la cual no debe oponerse a la imposición de un tope al precio del crédito. Lo que Navarrete pasa por alto es la otra cara de la moneda, la de los depositantes de la banca, a quienes la medida, muy probablemente, les perjudicaría.

Si la autoridad impone un tope a la tasa de interés que cobran los bancos, con la intención de beneficiar a los demandantes de crédito, ¿qué puede suceder con la tasa que pagan a los oferentes de crédito, es decir, a los ahorradores? Lo más probable es que, si baja la tasa activa (la que se cobra), también lo haga la pasiva (la que se paga), en perjuicio de los ahorradores, quienes también son usuarios de la banca y, por lo tanto, merecedores de la protección y defensa de la CONDUSEF, algo que Navarrete, y todos quienes demandan el tope al cobro de intereses, pasan por alto.

¿Quiere lo anterior decir que entonces la CONDUSEF debe imponer un piso mínimo al pago de intereses, de tal manera que a los ahorradores no se les pague menos de un determinado porcentaje? No, claro que no. Entonces, ¿qué debe hacer la CONDUSEF en materia de tasas de interés? Dejar que la relación entre oferentes y demandantes de crédito determine el nivel de las mismas, algo que Luis Pazos, presidente de la Comisión, entiende bien. Las críticas de Navarrete están equivocadas.

El otro botón de muestra tiene que ver con la reacción de la Secretaría de Economía a lo que consideró una medida proteccionista de parte del gobierno estadounidense: el bloqueo a la entrada de transportistas mexicanos a los Estados Unidos, medida que la mentada secretaría consideró, acertadamente, como proteccionista a favor de los transportistas estadounidenses.

Así las cosas, ¿qué pretende hacer la Secretaría de Economía para enfrentar lo que considera un mal, el proteccionismo del gobierno estadounidense? ¡Aplicar medidas proteccionistas, en concreto, el aumento de aranceles a 90 productos industriales y agropecuarios procedentes de los Estados Unidos! ¿Qué pretende el gobierno mexicano? Combatir el proteccionismo con proteccionismo o, dicho de otra manera, curar al alcohólico a tequilazos, sin olvidar lo más importante: ¿en contra de quiénes se elevarán los aranceles de esos 90 productos provenientes de los Estados Unidos? Por su puesto: en contra de los consumidores mexicanos quienes, por obra y gracia del arancel más elevado, pagarán un precio mayor por cada una de las mercancías importadas y gravadas.

¿Qué tenemos? Dos ejemplos de que en economía, lo que a primera vista parece correcto, una vez bien considerado resulta un despropósito, con efectos negativos sobre quienes ni la deben ni la temen. No, así, ¡así!, no se puede.