El presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, está jugando un juego muy peligroso al acusar sin pruebas a los priistas de tener vínculos con el narco sólo porque los legisladores del PRI no han aceptado a ciegas todas las iniciativas del presidente Felipe Calderón. La visión del mandatario como un tlatoani al que no se le podía cuestionar ni una coma en una iniciativa de ley quedó supuestamente rebasada con la construcción de la democracia. Pero Acción Nacional quiere regresar a esos viejos tiempos del autoritarismo.

No fue un simple desliz el que cometió el líder del PAN el 19 de marzo en la Convención Bancaria cuando se lanzó en contra de Beatriz Paredes y los priistas. Su exigencia de una definición del PRI, al que demandó colocarse o del lado del presidente o del lado de los narcotraficantes, era parte de una estrategia para atacar al partido que lleva la delantera en las encuestas de opinión con vistas a las elecciones del próximo 5 de julio. En los días subsecuentes el mismo Martínez y otros panistas, particularmente César Nava, ex secretario privado del presidente Calderón, han reiterado los ataques.

La estrategia del PAN ha generado, lógicamente, respuestas de distintos priistas. Uno de ellos, el senador Manlio Fabio Beltrones, invitó al presidente a fajarse los pantalones para tomar las decisiones que le tocan como mandatario. Un enfurecido secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió desde Washington, donde se encontraba de gira, en defensa del presidente. En el comunicado que dio a conocer, y cuya distribución debió repetir por un error (el comunicado original decía que las acusaciones de Beltrones era “inocuas”, que significa “que no hacen daño”, cuando debió decir “inicuas”, o sea “injustas”), se advertía al senador Beltrones que en un Estado moderno hay que separar las posiciones de los gobernantes de las de sus partidos políticos.

Pero es difícil separar lo que dice el presidente del PAN de las posiciones de Calderón. Las acusaciones sin pruebas de Martínez Cázares contra el PRI se registran, según el propio líder panista, porque los priistas no han estado dispuestos a apoyar sin modificación todas las iniciativas del presidente. Además, es imposible suponer que una posición tan tajante y riesgosa pueda ser adoptada por Martínez Cázares, un político que fue impuesto por el presidente como cabeza del partido, sin la aprobación explícita de Calderón.

Por lo pronto los senadores del PRI, que han aprobado ya una amplia serie de iniciativas presidenciales sobre seguridad, han hecho modificaciones a la iniciativa del presidente en materia de extinción de dominio. Las enmiendas, afirman los priistas, buscan defender las garantías individuales de quienes sean sometidos a proceso para despojarlos de sus propiedades. Se trata de impedir que se les castigue antes de ser juzgados, lo cual es sensato en un país de leyes.

Los dimes y diretes de los políticos, sin embargo, empiezan ya a tener consecuencias prácticas. No sólo se ha vuelto imposible el logro de nuevos acuerdos entre el PRI y el PAN en el Congreso, sino que la colaboración ha sufrido también en otros frentes. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, señaló este 23 de marzo en una reunión de Canacintra que una nueva suspensión del proceso para la licitación de la línea 3 del Tren Suburbano era producto del conflicto entre PAN y PRI. Como siempre, los ciudadanos tendremos que pagar las consecuencias de las maniobras de los políticos.