La semana pasada la Cámara Diputados aprobó al vapor una enmienda al artículo 107 de la Constitución para limitar severamente el derecho de amparo en materia fiscal. Al parecer los políticos se están preparando para aplicar nuevos aumentos de impuestos una vez que pasen las elecciones del 5 de julio y no quieren que ese molesto derecho de amparo, el cual protege a los ciudadanos de los abusos de los políticos, se convierta en un obstáculo.

Los diputados han tratado de justificar la medida. Señalan, y tienen razón, que es injusto que el derecho de amparo tenga un alcance individual y no general. Esto significa que si una persona o empresa obtiene un amparo por un abuso de una autoridad sólo ella queda protegida. La autoridad puede seguir cometiendo el mismo abuso con el resto de la sociedad.

La única parte positiva de la reforma es, precisamente, la de establecer la aplicación general del amparo fiscal. Si un ciudadano llega a ganarle un juicio de amparo en materia fiscal a la autoridad, los beneficios se aplicarán a toda la sociedad y no sólo a él. Pero ni siquiera esta parte de la reforma la hicieron bien los diputados. En lugar de hacer que la aplicación general del derecho de amparo fuera general, la restringieron sólo a los casos fiscales y no a los demás.

El resto de la iniciativa es un ataque descarnado en contra del único derecho que nos ha permitido a los mexicanos defendernos de los gobernantes abusivos. Los diputados han limitado la capacidad de las personas en lo individual de promover juicios de amparo y han establecido que éste es un derecho que sólo se puede ejercer en acciones colectivas. Han eliminado también la posibilidad de que los juicios fiscales puedan ser ventilados en los tribunales ordinarios de amparo y los han concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Además, han creado una regla “especial” para estos juicios: para ganarle un pleito al gobierno, se requerirá no una simple mayoría sino una que incluya a ocho de los 11 ministros de la Corte. Así, el ciudadano perderá los juicios aun cuando obtenga un voto mayoritario. Sólo una supermayoría de ocho ministros, casi imposible de lograr, le dará la victoria al ciudadano.

Pero eso no es todo. Los diputados han prohibido las suspensiones provisionales o definitivas en los juicios de amparo fiscal. Esto obligará al ciudadano a seguir pagando un impuesto inconstitucional a lo largo del proceso. Además, aun cuando logre superar todas estas barreras y consiga un triunfo en la Corte ante un impuesto inconstitucional, el gobierno no tendrá que devolver el dinero indebidamente recaudado.

Los diputados han impulsado esta ley porque el gobierno ha perdido muchos juicios de amparo en materia fiscal. Piensan que la forma de resolver el problema es eliminar la posibilidad de defensa de los contribuyentes ante los abusos de la autoridad. Mucho más justo sería, sin embargo, que los legisladores hicieran leyes fiscales que respetaran los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y generalidad. Pero esto es lo que menos les interesa a los diputados.