Los monopolios, públicos o privados, así como las empresas que pueden ejercer un poder dominante en los mercados, generan infinidad de daños económicos. El más obvio es el detrimento en el bienestar de los consumidores mediante la apropiación de rentas que, en un ambiente de competencia, deberían corresponderles a estos últimos, no a las empresas. Pero las prácticas monopolísticas también causan muchos otros daños que con frecuencia pasan desapercibidos.

En esta ocasión me referiré sólo a uno de esos daños, a partir de un ejemplo reciente. Tal efecto es nocivo para todo el entramado económico y consiste en la cancelación, para efectos prácticos, de la regulación y de los reguladores ante el gigantismo de la empresa dominante; podría decirse (parafraseando la controvertida fórmula con la que el anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos justificó el rescate de varias firmas gigantes), que las prácticas monopolísticas alimentan la aparición de empresas demasiado grandes para ser efectivamente reguladas.

El ejemplo reciente en México ha sido la configuración de nuevas Áreas de Servicio Local (ASL) en telefonía, una medida de regulación acordada por el órgano regulador para evitar que millones de usuarios paguen como llamadas de larga distancia las que en realidad deberían ser llamadas locales (entre áreas próximas e incluso contiguas) y para permitir que en cientos de localidades hubiese competencia entre operadores para prestar el servicio de terminación de las llamadas.

A principios de abril, conforme con el calendario de las autoridades, debieron incorporarse nuevas ASL en Baja California Sur, ciudad de México, Coahuila y Jalisco. Sin embargo, la regulación fue anulada sin empacho por la empresa dominante creando un impedimento de carácter operativo: El rechazo a modificar las series numéricas y los prefijos de marcación en esas ASL, de forma que siguen computándose como llamadas de larga distancia las que, a la fecha, deberían ser llamadas locales.

El regulador parece impotente ante estas argucias, entre otras razones porque el tamaño de la empresa dominante le otorga ganancias tan exorbitantes (la diferencia de costos, entre competencia plena y falta de competencia, es para el consumidor en este caso de alrededor de siete veces) que el costo de violar la regulación –equivalente al pago de multas- resulta muy inferior a las rentas derivadas de continuar con la práctica monopolística.

Cuando la entidad a regular parece “demasiado grande” la única respuesta racional debería ser la aplicación de una regulación extraordinaria; como escribí en el artículo de ayer: más que una regulación normal esos entes parecen necesitar una camisa de fuerza.