Un economista incompetente en el sector privado, paga sus errores perdiendo la chamba. Un economista incompetente en el sector público quién sabe. Lo más preocupante, un economista enquistado en las altas esferas de la política económica, es prácticamente seguro que no pagará por sus errores. No hay sanciones constitucionales para los asesores económicos que lleven a los gobiernos a tomar decisiones irresponsables en materia de economía.

Ahí están en la total impunidad los viejos asesores económicos de Echeverría y López Portillo refugiados en diversas universidades mexicanas disfrazados de respetables profesores de economía. Deberían estar en la cárcel y no en las aulas deformando la capacidad de pensar de los jóvenes con sus sofismas. Pero en este país cosas como éstas son normales.

Esta reflexión la hago en el contexto de decisiones de política monetaria y fiscal que el gobierno del Presidente Calderón ha tomado. Primero fueron las decisiones de expandir irresponsablemente el gasto público, y no me refiero al canalizado a infraestructura (cuya aplicación ha sido lenta e ineficiente) sino a los controles de precios de diversos energéticos cuyos costos multimillonarios contribuirán de manera importante al déficit proyectado en finanzas públicas para 2010.

Técnicamente el responsable es el Secretario de Hacienda Carstens; pero sabemos que no tiene autonomía y está supeditado a su jefe y responsable político de semejante populismo, el mismísimo Presidente Calderón.

Las cosas para 2010 se complican, pues además de tener un mucho menor precio el barril de petróleo mexicano, la recaudación se le desplomará a Hacienda (hecho aceptado por la propia Secretaría). Así que independientemente de los errores cometidos con el control de precios, el Secretario Carstens no cargará con las consecuencias. Tristemente, tampoco el Presidente.

¿Pero qué pasa con Guillermo Ortiz, el gobernador del Banco de México (Banxico) y responsable de instrumentar la política monetaria? A mí no me queda duda, el gobernador en su último año de gestión (podría ser reelegido, pero parece que no tiene la simpatía del Presidente Calderón para que lo proponga al Congreso) está actuando ya no técnicamente, sino políticamente. Y es que aunque la inflación general ha mostrado tendencia a la baja, no es el caso de la inflación subyacente, que es la más relevante para medir las presiones inflacionarias; la inflación subyacente elimina los precios de las mercancías volátiles como las agropecuarias y las tarifas de energéticos fijados por el gobierno, por lo que refleja las verdaderas presiones de demanda agregada que inciden en el alza del índice general de precios.

La inflación general ha caído, pero en buena medida por el control de precios calderonista y la caída en el precio de algunos precios agrícolas (lo que es suerte).

Ortiz, definitivo, no tiene como prioridad el control del nivel general de precios (que es su mandato constitucional), sino hacer de la política fiscal un instrumento acomodaticio de la política fiscal keynesiana del gobierno.

Tal vez de chiripa le salga la jugada a Banxico, pero si no ¿qué pasará? Nada, como ha sucedido antes cuando Banxico se desvía de su inflación objetivo y simplemente cambia de rangos numéricos haciéndolos más laxos.

Es importante sancionar a todo banquero central que no cumpla con su objetivo principal de mantener a raya la inflación. Si esto no cambia, ¿entonces para qué modificar la constitución que permitiese a Banxico ocuparse del crecimiento económico? De facto ya lo estaría haciendo el banco central y eso es muy peligroso. Ahí está la crisis gringa, producto de la laxitud monetaria resultante de un mandato legal doble e irresponsable: mantener a raya la inflación y garantizar el crecimiento económico; vaya lamentable contradicción.

En otros países, hay sanciones severas para todo banquero central que se desvíe de la ortodoxia monetaria. Pero lamentablemente estamos en un país donde políticos, asesores, y funcionarios no pagan por sus pifias. Qué lastima.