Mientras nuestros políticos, y otras especies, celebran espejismos como “el fin del capitalismo,” el gobierno actual ha relanzado la propuesta de aterrizar las famosas reformas estructurales—principalmente, la fiscal.

Vaya que urgen. Con caídas estrepitosas (desestacionalizadas, estacionalizadas, como sea) en la producción, más inflación a la alza, no es para más. Además destaca el gigantesco hoyo negro en las finanzas públicas.

Las reformas (en el ramo fiscal, en energía, en mercados laborales) son capitales para reanimar la inversión y el crecimiento. Pero su futuro no es producto de la razón, sino de desatorar intereses y despejar ignorancia—el síndrome de la mala fe.

En este proceso, no faltarán los políticos de la nueva legislatura que proclamen con gran pompa y circunstancia que debemos anunciar la moratoria a las reformas, porque estas son parte de la era del capitalismo que quedó aplastada por la crisis. Post hoc, ergo, propter hoc. Ni hablar.

El gran economista Allan Melzter, en una entrevista donde fue interrogado si la crisis financiera marcaba el fin del capitalismo, reflexionando sobre el significado de la afirmación, no tuvo otra que contestar: “esa es la pregunta más estúpida que jamás he escuchado.” La crisis financiera fue producto de riesgos morales insostenibles en el sector inmobiliario, financiamientos chatarra, y laxitud en la política monetaria. Es un caso largo, y sumamente complicado—ciertamente no reducible a la psicosis de inferir que marca el fin del capitalismo (léase, en la espléndida definición de Dan Henninger, la “enfermedad mental que evita en forma marcada la capacidad de una persona de cumplir con necesidades básicas de la vida cotidiana.”)

Así que, primer obstáculo: la psicosis de los políticos. Segundo obstáculo: los intereses especiales. Una reforma fiscal general, que reduzca las obligaciones a sólo dos o tres impuestos, a una tasa fija, sería un paso capital en la dirección correcta; y más por las facilidades que brinda al trabajo y la inversión que por su efecto corolario de aumentar la recaudación. Empero, tanto políticos como empresarios, ciertamente los medios, se oponen, citando principalmente el efecto que tendría, por ejemplo, una unificación del impuesto al consumo sobre las clases populares.

Estos intereses no van a desaparecer, por lo cual se requieren estrategias de implementación de reformas que transformen a posibles perdedores en ganadores—o por lo menos, que su costo de oportunidad sea equivalente a cero. Varias veces hemos demostrado, en este espacio, la viabilidad de subsidiar el costo de la unificación a las familias en los primeros seis deciles de la población con una aportación directa ex ante, o sea, incluso anterior a la entrada en vigor de la reforma fiscal.

Para ello, para pensar así, habría que enfrentar el tercer obstáculo que afecta el futuro de las reformas: la miseria del posibilismo.