Casi todo el siglo XX, México fue gobernado por el PRI, partido que todavía tiene una gran presencia en los Estados y en el Congreso. En ese partido hay gente valiosa y pensante, pero la estructura corporativista que le da fuerza política y recursos para financiar sus campañas, mediatiza a los legisladores priistas y les impide aprobar las reformas estructurales necesarias para crear empleos y crecer en un mundo globalizado en recesión.

La prueba más reciente es la reforma energética, donde los votos de los legisladores priistas impidieron que la inversión privada coinvirtiera con el gobierno en refinerías y en aguas profundas, por no convenir a los intereses de sindicatos afines al PRI.

Muchos priistas saben que la reforma energética, tal como la planteó el Presidente Calderón (Véase el libro “Los dueños de Pemex”) es necesaria para no agotar los recursos petroleros, disminuir la dependencia de la importación de gasolinas, bajar costos y crear más empleos. Sin embargo, a la hora de aprobar esa reforma, los legisladores priistas no se atrevieron a tocar los intereses de las corporaciones y grupos que les son vitales para obtener recursos en los procesos electorales.

En los dos gobiernos donde el PAN ha ganado la Presidencia de la República, el PRI se ha opuesto a reformas que ya los dos últimos presidentes priistas consideraron indispensables para modernizar el país. Pleitos por el poder dentro del PRI han frenado reformas para alcanzar más empleo y crecimiento.

Los compromisos clientelares y la obsesión de recuperar el poder de algunos dirigentes priistas son las causas por las que los diputados del PRI no han respaldado, hasta ahora, los cambios legislativos necesarios en materia fiscal, laboral y energética para lograr una mayor competitividad internacional que atraiga más inversión y desemboque en más empleo y crecimiento.