La gran parte del consenso económico dice que una reforma fiscal debe buscar unificar el impuesto al valor agregado, y evitar las distorsiones de los regímenes de exención. Empero, la gran parte del consenso político es unánime en su veredicto que cualquier unificación sería un golpe al gasto de los hogares de recursos escasos—“los pobres.”

En este impasse, el consenso de todos es que no hay solución: no hay forma de alinear los incentivos. Es, dice el mismo consenso, un caso paradigmático de cómo lo deseable choca con lo posible.

Totalmente falso. El dilema es entre conservadores fiscales, que ya encontraron una causa populista probada y sonada (¡no al IVA!); y los abogados del posibilismo, cuyo derrotismo de entrada evita que busquen una solución creativa para desatorar la fuente del choque entre lo posible y lo deseable.

La idea no es rebasar por la izquierda (“whatever that means…”), sino alinear incentivos en un esquema de juegos donde todos los participantes (popular, político, económico) puedan ser ganadores.

De hecho, la razón por la cual se debe unificar el impuesto al valor agregado, no reside en que habrá mayor recaudación, o más para repartir, sino que se eliminarían injusticias derivadas de un sistema diferenciado, donde los que más tienen se llevan la mayor parte del privilegio, mientras que los que menos tienen dejan de recibir lo que se podría generar por medio de la unificación tributaria.

El sistema de tasas diferenciadas implica que dejamos recursos fiscales sobre la mesa, al no recaudar de aquellos que sí podrían pagar el impuesto en alimentos y en medicinas. Por cada peso de subsidio fiscal que recibe el que menos tiene, se dejan de recaudar cuatro pesos por el segmento que sí puede pagar. Esta desproporción merece el calificativo de “hood-robinismo”: lo que no pueden, subsidiando a los que sí pueden.

La solución, por ende, es encontrar un medio de apoyo a los golpeados por la tasa única (o sea, los primeros seis deciles de la población) en la etapa de transición. El desafío, pues, es idear una forma de hacer llegar recursos a la población objetivo antes de que entre en vigor el nuevo régimen fiscal, y con ello subsidiar por la vía del gasto el impacto sobre el ingreso familiar de la unificación.

La forma de hacer esto es por medio de una operación de factoraje fiscal, es decir, usar las facturas de futuros ingresos fiscales esperados (aquellos que hoy se dejan sobre la mesa) como garantía para financiar un instrumento de deuda, a una tasa razonable. Los recursos se destinarían a un fideicomiso que sería responsable en otorgar los subsidios correspondientes. El bono se podría ir amortizando en la medida que se vayan captando nuevos recursos tributarios derivados del aumento proyectado en la recaudación.

De esta forma, ya no se podría explotar la excusa de “los pobres” para evitar el paso que debemos dar en la nueva reforma fiscal. ¿No que no?